Lo que cuesta ser investigador

Hace unos días se hizo conocido un proyecto para un decreto del Ministerio de Ambiente, enfocado en la reglamentación de una “tasa compensatoria por caza de la fauna silvestre”. Toman como base lo siguiente: en los artículos 79 y 80 de la Constitución se establece que es deber del Estado proteger y conservar la diversidad y las áreas de importancia ecológica, y garantizar el uso adecuado de los recursos naturales renovables; al mismo tiempo el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 establece que se pueden fijar tasas compensatorias para el mantenimiento de la capacidad de renovación de dichos recursos. Por todo lo anterior, el proyecto busca que se establezca una tasa de compensación para toda actividad de caza de fauna silvestre en el país, con una tarifa mínima de $9.000 por espécimen o muestra.

Todo lo anterior suena fantástico, excepto por la clasificación del término “caza” que el proyecto presenta. Entre los varios tipos de caza, aparece la siguiente definición:

“d. Caza científica: Es la que se practica únicamente con fines de investigación o estudios, e incluye las enmarcadas dentro de un permiso de estudio con fines de investigación científica, permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial y el permiso de estudio para la recolección de especímenes con fines de elaboración de estudios ambientales”.

En otras palabras, cada vez que un investigador salga a recolectar especímenes o muestras (en el caso de animales menores a 1 cm, tal como lo establece el proyecto) faunísticos, deberá pagar por cada uno de ellos. Traten de visualizar lo anterior: digamos que un estudiante de biología necesita hacer un estudio del contenido estomacal de una especie de pez, con el fin de determinar, digamos, su comportamiento alimentario, y si existen variaciones en la dieta relacionadas con el sexo o la estacionalidad. ¿Cuántos especímenes necesitaría? La metodología dicta como mínimo unos treinta, pero es muy probable que se deba trabajar con más. ¿Pueden imaginar cuánto puede costar tal cosa? Digamos que, por ejemplo, no se trata de pesca incidental, sino que la investigación se hace buscando específicamente esa especie, valga la redundancia. Y si, además, el proyecto no cuenta con una gran financiación, cosa que ocurre mucho, ¿cómo podría pagar la dichosa tasa compensatoria?

Antes de continuar con la idea principal, explicaré por qué surgió este proyecto en Minambiente. Hace ya tiempo, el inmunólogo Manuel Elkin Patarroyo se metió en problemas legales al realizar experimentos con monos de un género actualmente amenazado (Aotus, los monos de noche), los cuales obtuvo a través de tráfico ilegal, con lo cual terminó contribuyendo a esta lucrativa actividad. Para complicar aún más las cosas, Patarroyo usó una especie de Aotus que ni siquiera se encuentra en el país, y que dada la problemática taxonómica que rodea a este género, podrían ser incluso más especies. Debido a la polémica en torno a este episodio, se decidió formular el proyecto ya mencionado de tasa compensatoria.

El problema con este proyecto es que termina oprimiendo a muchos otros investigadores honestos, quienes no siempre contarán con un presupuesto tan amplio como para permitirse pagar altas tasas compensatorias, las cuales no dependerán únicamente de la tarifa mínima mencionada al principio, sino también de una serie de factores y variables expresados en fórmulas matemáticas. Variables como el factor regional, el coeficiente biótico o la variable de nacionalidad (esta última me parece particularmente molesta: ¿un investigador extranjero que desee colaborar con nosotros tendrá que pagar una tasa mayor?) modificarán el valor de la compensación que deberá pagar el investigador, y pueden convertirla en un desbalance.

Un hecho curioso que conocí es que, en un simposio sobre tardígrados, presentaron un mapa sobre el conocimiento actual de las especies de este phylum en Suramérica, y un enorme signo de interrogación se cernía sobre nuestro país. ¿Por qué? Porque no son animales ampliamente estudiados en Colombia, y son pocos los investigadores extranjeros que se aventuran a nuestro país debido a, como lo expresaron, las complicaciones que revisten los permisos de investigación. De alguna forma, eso debería suponer una ventaja para que los investigadores nacionales desarrollaran mejor una gran variedad de temas de estudio (especialmente a los que les molesta la intrusión foránea); sin embargo, y paradójicamente, la tramitomanía con la que debemos lidiar nos limita mucho. ¡Y ahora se pretende que además se pague por investigar! ¿Qué pretendemos conseguir entonces? ¿Cómo podemos esperar proyectarnos en investigación y desarrollo, si nosotros mismos nos estamos poniendo las trabas para investigar?

Otro sinsabor que deja el proyecto es que se está subvalorando la investigación en Colombia. Piensen en esto: cada espécimen provee una información vital en un estudio que podría tener un gran impacto. Los ejemplares de museo son prácticamente invaluables, puesto que representan no sólo el esfuerzo de un biólogo o un ingeniero pesquero, sino que además son una base para centenares más que deseen enfocarse en diversos aspectos de un animal, y que necesitarán toda la información que un ejemplar les pueda ofrecer. ¿Cómo se puede calcular eso?

De momento, la tasa compensatoria es solamente un proyecto, y está en fase de consultas públicas. Tiene, por supuesto, algunos puntos buenos, como el hecho de que se busque poner un freno a la caza indiscriminada (aunque también cuestiono un poco que se incluya la caza de control). Sin embargo, dificultar la labor del investigador en pos de la protección de los recursos naturales es una guillotina contra dicho propósito, pues somos los mismos investigadores los que podemos ayudar a comprender cómo se pueden aprovechar adecuadamente esos recursos. Necesitamos pronunciarnos ante lo que es evidentemente un atropello y un despropósito nada práctico contra nuestra labor.