Cinco meses de chicharrones
Introducción
Para
ninguno de los lectores habituales será un secreto que desconfío de la
administración del subpresidente Tocineto (perdón, el presidente Iván Duque). A
pesar de que después
de las
elecciones he hablado poco al respecto en este blog, en parte por
cuestiones de tiempo, en mis redes sociales sí he tenido oportunidad de
cuestionar bastante las acciones que toma el semipresidente de acuerdo a lo que
le ordena su tutor, Álvaro Uribe. Porque no nos engañemos: cualquiera con dos
dedos de frente, incluso entre los mismos uribistas, se da cuenta al instante
que la posición presidencial de Duque no es más que la pantalla tras la cual se
esconde Uribe, a semejanza de la presidencia de Dmitri Medvédev (2008-2012),
durante la cual Vladimir Putin se desempeñó como Primer Ministro mientras
ostentaba realmente el poder en Rusia.
Con Matador encuentra uno ejemplo para casi cada cosa
que ocurre en el país.
Otra
razón por la que no he discutido mucho al respecto es porque, al principio,
consideraba que unos pocos meses no son suficientes para analizar a profundidad
la dirección de un nuevo gobierno. Sin embargo olvidé que gobiernos
reaccionarios o muy idealistas tienden a tomar decisiones radicales en poco
tiempo. Nada más fíjense en lo rápido que Bolsonaro dispuso la eliminación de
áreas protegidas en Brasil y asegura que combatirá la “ideología de género”, o
el descaro con que su Ministra menosprecia el carácter laico del Estado. O si
quieren fijarse en López Obrador y su polémica propuesta del Tren Maya, los
cambios drásticos en el salario mínimo de altos funcionarios y la puesta en
venta de su avión presidencial. Y antes de que me quieran acribillar los cortos
de entender: no estoy diciendo que
un fascista homofóbico y un caudillista semiprogre (porque siendo de izquierda,
la realidad es que Amlo no es tan progresista como muchos creen) sean la misma
cosa. Estoy ilustrando cómo un cambio en la dirección de un país puede venir
con decisiones importantes en un corto período, así que tres o cinco meses sí
pueden, cuando mucho, ayudar a vislumbrar el rumbo de un nuevo mandatario.
Si
hay algo en lo que diversos
analistas
coincidieron
al cumplirse los cien días del gobierno encargado de Duque es que, aparte del
regreso de algunas políticas de la era Uribe, el lechoncito no tenía definida
una bandera sobre la cual enfocar su mandato asociado. Analicemos, como hizo
Carlos Fernando Galán, a los que han ocupado el solio de Bolívar desde 1990:
Gaviria se enfocó en la apertura económica, con todo y su subsecuente impacto a
nivel nacional; Samper impulsó apoyos económicos en su propuesta de “Salto
Social” que terminó siendo un “Salto Contra el Piso”; Pastrana buscó la paz con
las FARC, y terminó fortaleciendo sus actividades delictivas; Uribe y su “Mano
firme, corazón grande” dirigieron su atención a combatir a las guerrillas con
su (in)Seguridad Democrática; Santos buscó de nuevo la paz con las FARC y logró
su desarme y retorno a la vida civil, aunque aún estamos evaluando el nivel de
éxito del acuerdo. El titiritero de Duque no le ha cedido a este una dirección
semejante: aun hoy, a cinco meses de su gobierno, lo más cercano que podemos
ver a un enfoque es su presión a que se desconozca internacionalmente el
gobierno dictatorial de Maduro en Venezuela, y eso no es una dirección lo
bastante sustanciosa para sostener un cuatrienio. No obstante, las decisiones
que ha estado tomando hasta ahora sí que dejan ver un escenario terrible con el
continuismo de la política uribista.
Conversando
una vez sobre las continuas estupideces que dice el subpresidente durante sus
alocuciones y discursos públicos, un amigo me señaló que Tocineto se ha
convertido en una burla al estilo de la presidencia de Peña Nieto en México. Y
no pude evitar recordar esta
entrada de Ego de hace casi siete años, donde el bloguero y maestro
analizaba a los candidatos presidenciales que en aquella época aspiraban a
gobernar el siguiente sexenio, y reconocer cómo la perspectiva desastrosa de un
eventual gobierno del candidato priísta (cosa
que en efecto pasó) termina siendo de hecho mucho de lo que ya me
preocupaba del regreso de Uribe y que expresé en la trilogía
no
oficial
sobre las elecciones presidenciales del año pasado. Y es que muchos temores se
compartían, pues aunque Uribe no goza del sistema corporativista del PRI
(teóricamente, claro), sí que tiene el suficiente poder para deteriorar aún más
la poca democracia colombiana, tal como ocurrió en México con el copetín
descerebrado.
Con
Duque me centré en críticas particulares sobre su eventual triunfo: su falta de
independencia con respecto a Uribe, sus torpes medidas económicas, la reforma a
la justicia que buscaba fusionar las Altas Cortes, la supervivencia de la
corrupción, el recrudecimiento de la persecución y violencia contra opositores
y un retroceso en derechos. Intentemos desglosar cada una.
Independencia: esta es la más obvia de todas, y al mismo tiempo más fácil de
verificar. Duque ha dicho desde su campaña que no es títere de Álvaro Uribe,
pero la forma en que maneja la relación con su partido y los continuos
exabruptos de su gabinete dejan más que evidente que ocurre justo lo contrario.
Sólo recordemos cuando Alicia Arango afirmó que “gobernará Iván Duque, pero no
hay que olvidar que nuestro jefe es Álvaro Uribe”. Cuando vemos choques entre
el subpresidente y el mal llamado Centro Democrático en aspectos como la reforma
a la justicia o el impulso de listas cerradas en la reforma política, los
analistas más compasivos dirán que Duque es un secuestrado de su partido.
Sin
embargo, no hace falta ser Daniel Coronell para notar que hay algo extraño en
esas “peleas” entre Tocineto y su partido. La impresión que dan, más bien, es
la siguiente: el titiritero está muy consciente de la pobre imagen de Duque
como presidente independiente, y es muy claro que los desacuerdos o
coincidencias del subpresidente con el mal llamado Centro Democrático ni son
oposición real ni un diálogo profundo, sino escenarios armados para dar la
impresión de independencia, tanto de Tocineto como de su partido. Al rechazar
propuestas irracionales de esa manada de estúpidos que dicen ser el bloque del
gobierno, Duque “demuestra” ser un líder capaz que no tiene que rendirle
cuentas a su partido. Al rechazar medidas estúpidas del subpresidente, el
dizque Centro Democrático “demuestra” que son un partido independiente del
Ejecutivo.
Así
que no: es más independiente el bazo de su cuerpo, amigo lector, que Iván Duque
de Uribe. Ninguna de las decisiones que asume, los nombramientos de
embajadores, los ministros elegidos, las leyes propuestas, nada de eso nace de
él, porque es muy obvio que sin rueditas el Tocineto no puede montar la
bicicleta. Todo eso es formulado desde la oficina de Uribe, y lo cierto es que
incluso mucha gente que votó por él, uribistas de pura cepa, incluso lo
prefieren así.
Economía: como esta es de las preocupaciones más inmediatas
del colombiano promedio, que debe levantarse temprano a ganarse su sueldo, y es
una de las cosas con las que Tocineto mintió de manera obvia y descarada, hay
que mencionarla de inmediato. Nadie me negará que una de las cosas que más
prometía Iván Duque durante su campaña fue que no iba a subir los impuestos y
que tendríamos seis días sin IVA en el país, además que criticó a
Santos por subirle al IVA hasta el 18%. Y aunque de momento el Porky no va a
subir el IVA, ¡este iba destinado hasta al huevo! Sí, resultó embustero el
cerdito.
Empezamos por ese esperpento de la reforma tributaria propuesta para
este año que eufemísticamente, en el estilo con que José Obdulio Gaviria
llamaba “falsos positivos” a las ejecuciones extrajudiciales y “migrantes
internos” a los desplazados por la violencia, renombraron Ley de
Financiamiento. Esta propuesta fue polémica principalmente porque
proponían gravar con un IVA del 19% más del 80% de la canasta familiar.
Aun cuando esto finalmente se cayó en noviembre, la
Ley fue aprobada de forma exprés en el Congreso en diciembre, y se
venía con un obvio hueco dado este cambio que el ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, sugirió debía ajustarse con
una reforma en los programas sociales del gobierno, lo cual incluye
claros recortes como el no prorrogar los subsidios a inmuebles por fuera de las
Viviendas de Interés Social, lo que significa que las familias de clase media
no contarán con apoyo estatal para conseguir una casa.
Aun
la reforma aprobada es tortuosa, pues entre otras cosas termina
aliviando la carga tributaria de las empresas, las cuales de por sí,
gracias a beneficios que en Los Simpson llamarían “contabilidad creativa”, terminan
pagando muchísimo menos de lo que les corresponde, mientras que le
incrementa impuestos a los ciudadanos naturales, y en especial a la clase media.
Aun cuando incluye una sobretasa de 4% al sector financiero y el licor y las
gaseosas, se
niega el impuesto al carbono mientras se mantienen gravadas las energías
renovables y
no hay exención de IVA para vehículos híbridos y eléctricos, lo que
desincentiva el reemplazo gradual del combustible fósil en el país y el mercado
de tecnologías limpias, y nos deja más atrás en cuanto a conciencia ecológica.
También los libros, que ya por sí solos son bastante costosos, entran al equipo
del IVA, como si no quisieran que el colombiano leyera al menos los Cuentos de
los Hermanos Grimm. Y todo esto con un incremento paupérrimo del salario
mínimo.
En
síntesis, y como han observado muchos: la forma en que nuestro gobierno
disminuye el poder adquisitivo del colombiano se encarga maravillosamente de
mantener la pobreza delimitada mientras parece destinada a asfixiar y extinguir
la clase media del país –que por cierto, su
definición en Colombia con base en los ingresos mensuales es
restrictiva e irreal-. ¿Y saben qué es lo peor? Que por el déficit presupuestas
de esta reforma, es muy posible que a fin de año sea necesaria otra.
O
puede que no. En estos momentos, el gobierno propone vender
un 8,9% de las acciones de Ecopetrol, la empresa petrolera nacional,
para solventar los gastos públicos con unos 10 billones de pesos que aportaría
esta operación (recordemos que durante la era Uribe, con Carrasquilla como
MinHacienda también, se privatizó casi el 12% de la empresa). Sin embargo, algunos
sugieren que esta venta le representaría una pérdida anual de $600.000 millones
al Estado colombiano. ¿Sería entonces lo más conveniente a largo
plazo?
Educación: ni bien había calentado el solio de Bolívar, a Duque
le tocó mantear un paro estudiantil a nivel nacional. Hay que destacar en
principio que buena parte del problema en Colombia con la deuda de presupuesto
para universidades públicas, motivo del paro, viene desde gobiernos pasados, y
destaquemos que partiendo por las marchas que hicimos en 2011 en contra de la
Reforma a la Ley 30, Santos nunca tuvo una buena relación con los estudiantes.
De hecho, a pesar de haber llegado a un Pacto por la Educación de 2014, el ex
presidente no
logró cumplir los acuerdos de incrementar la inversión anual ni garantizar un
mayor acceso a la educación superior. Hay muchos problemas que
vienen de tiempo atrás.
Sin embargo, el conflicto del subpresidente con las universidades
públicas nació
a partir de las cifras del Presupuesto Anual de la Nación, donde
aunque Educación tenía el mayor monto asignado con $38,7 billones de pesos,
levantó indignación el notable incremento en Defensa, con un consiguiente monto
de $33,6 billones. Esto se vio como una afrenta a la deuda histórica con las
universidades públicas, que sufren un déficit de $15 billones en
infraestructura y calidad, y que entre inversiones para cerrar el año y gastos
operacionales, requerían además otros $4 billones. El paro y las marchas
empezaron en octubre y se prolongaron por casi tres meses. Duque se reunió con
los directores en octubre para llegar a un acuerdo de financiación, pero los
estudiantes no se vieron representados y no cedieron. Fue todavía más
insultante cuando Tocineto, en otra de sus “inteligentes” acciones que son más
propias de un politiquero en campaña que de un jefe de Estado, se
reunió en la Casa de Nariño con Maluma y no con los estudiantes.
Finalmente,
tras 64 días de paro y marchas que incluyeron violentas represiones del ESMAD
que culminaron en diciembre con
un estudiante que perdió un ojo en Popayán, el gobierno logró
sentarse con los representantes estudiantiles y llegar a un acuerdo. 13
de las 26 universidades públicas que se encontraban en paro o asamblea
permanente decidieron volver a clases, pero otras se mantienen en suspensión
de actividades, y los
movimientos estudiantiles convocaron a una nueva marcha el próximo jueves 24 de
enero para exigir una educación de calidad, rechazar los reiterados
abusos del ESMAD y realizar un homenaje a los líderes sociales asesinados. Este
jueves debía darse la marcha, pero en respeto al reciente atentado en Bogotá
–ya ampliaré al respecto un par de secciones más adelante- decidieron
suspenderla.
Corrupción: desde que Duque asumió la subpresidencia, una de las piedras más
molestas que ha tenido en su zapato es el caso Odebrecht. En concreto, el
evidente conocimiento del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, de los
movimientos corruptos durante la adjudicación de contratos para la Ruta del Sol
mientras era abogado del grupo Aval. Sin embargo, desde que iniciaron los
cuestionamientos el gobierno y su partido se han empeñado en proteger al
Fiscal, desestimando las acusaciones de manera descarada mientras distraen con
sandeces como la estupidez de Petro de recibir fajos de billetes en la mano
como narco cualquiera, y el Fiscal acude a argumentos
pobres para diluir el debate.
Y eso que estamos ignorando otras investigaciones convenientemente archivadas
contra personajes como Enrique Peñalosa, Alejandro Ordóñez, Óscar Iván Zuluaga
y Juan Manuel Santos.
¿Usted de verdad confiaría en una entidad así?
Causa
aún más inquietud que dos testigos del caso Odebrecht y un tercero hayan muerto
en circunstancias poco claras. Primero, Jorge Enrique Pizano falleció
aparentemente de un infarto, pero la cosa se complicó cuando su
hijo murió al poco tiempo por envenenamiento con cianuro, se
descubrió una botella de agua con el veneno en casa de su padre, y el dictamen
de Medicina Legal sobre la muerte de Pizano fue cuestionado por
los errores en su procedimiento, al punto que su director tuvo que
renunciar. Y antes de terminar el año Rafael Merchán, otro testigo, se suicidó
con cianuro. De acuerdo a su familia fueron motivos personales, y se
presentaron grabaciones de sus últimas horas de vida, por lo cual la Fiscalía
archivó recientemente el caso, pero
nada de eso despeja las sospechas. No sorprende que Luis Fernando
Andrade, otro testigo clave en el caso y además un implicado, haya sido
trasladado al exterior.
El descaro del Fiscal es tal que mientras en muchas capitales del país
hubo marchas pidiendo su renuncia, él se estaba bronceando en la playa. Tiene
con qué relajarse, claro, pues cuenta con el respaldo de Uribe. Y aunque
Tocineto insista en que se va a investigar a Martínez, el fiscal ad hoc
asignado por el gobierno, Leonardo Espinosa, resulta ser de su misma línea
política y además cercano al Fiscal, por lo que es claro que este seguirá en el
cargo el poco tiempo que le falta, y además sin ser juzgado por la más que
evidente corrupción de la que hizo parte. Así que si quieren ver justicia, no
la van a hallar en la mermelada de tocino.
¡Pero
esperen! ¿Y qué pasó con el acuerdo de paz con las FARC, ese que pretendían
hacer trizas? Bien, la verdad es que el subpresidente no
tiene mucha prisa en cumplirlo a cabalidad, en especial en el tema
de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las circunscripciones
especiales, a las cuales el partido uribista se ha enfrentado varias veces
durante estos meses, pero sin proponer alternativas sólidas. ¿Qué mejor manera
de destrozar un acuerdo incómodo para ellos que dejarlo agonizar poco a poco en
el rincón?
Y
en cuanto al fin de la mermelada, la realidad es que esta sigue igualmente
presente. Desde sus inicios el gobierno Duque ha demostrado una terquedad en
postular en cargos importantes a personas que no sólo no cuentan con las
competencias requeridas, sino que además son
todos de la misma línea política de su partido, y en más de una
ocasión se han expresado de forma nada acorde con dichos cargos. El
nombramiento de un reconocido reaccionario discriminador ultraderechista como
Alejandro Ordóñez en la embajada de la OEA quizás es uno de los más
controversiales, pero no es el único. De hecho, el más discutido por mucho fue
la postulación de Claudia Ortiz a la dirección de la Unidad Nacional de
Protección, lo cual fue muy cuestionado por las viscerales críticas que la
señora lanzaba en redes sociales contra miembros de la oposición, especialmente
de las FARC. De ahí el subpresidente la postuló como directora de la Agencia de
Desarrollo Rural, a pesar que fue demostrado que Ortiz no sólo no contaba con
la experiencia para ello, sino
que además acreditó la maestría que no tiene a través de una notaría
(de haberlo sabido, yno no estaría perdiendo el tiempo con un doctorado en
Chile…). A pesar de la acidez de las críticas, el
Día de los Inocentes terminó confirmando su cargo.
También
fueron bastante cuestionadas las propuestas de dirección para el Centro
Nacional de Memoria Histórica (CNMH). En principio, uno de los nombres más
sonados para el cargo fue el periodista Mario Javier Pacheco, quien
ha sido un fuerte crítico de la institución por su “revisionismo cultural e histórico” “propiciado por Santos”: es decir, reconocer que
miembros del Estado y las autodefensas han cometido igualmente crímenes de lesa
humanidad contra la población civil, y en no pocos casos incluso más cruentos
que los de la guerrilla. Ante la avalancha de reproches, el
gobierno reculó, pero terminó nombrando a Vicente Torrijos, un
académico cercano a los militares que elogió
al ultraderechista Bolsonaro en Brasil, por lo cual se temía un
sesgo en la reconstrucción del pasado violento en Colombia, además de presentar
inconsistencias en su hoja de vida con sus títulos (estos no necesarios para el
cargo, como en el caso de Ortiz), hecho
que le valió su desvinculación con la Universidad del Rosario. Ante
semejante golpe público, Torrijos
renunció pronto.
¿Y
mencionamos algo de los nombramientos en embajadas? Creo que es obvio que la
mayoría de los designados no cuenta con experiencia en diplomacia. Sólo vean
las estúpidas declaraciones de Francisco Santos, quien como embajador en
Estados Unidos declaró que no se podía excluir una intervención militar en
Venezuela (véanse ejemplos como Irak y Libia para comprender por qué intervenir
a lo bestia rara vez funciona) y le
pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos la liberación de Andrés Felipe
Arias, como si el caso de Agro Ingreso Seguro no existiera. O el
nombramiento del exgobernador del Valle, Ubeimar Delgado, como embajador en
Suecia, siendo que ni siquiera domina el inglés. ¿Y qué decir de nombrar, entre
otros, al hermano de Paloma Valencia y a la ex esposa de César Gaviria (¿y
vendió al Partido Colorado en segunda vuelta por esa miseria?)?
¿O
prefieren hablar de cómo
se le devolvió la administración del Fondo Nacional Ganadero a Fedegán,
baluarte de José Félix Lafaurie, uno de los aliados del uribismo y de los más
acérrimos críticos de la restitución de tierras en la Ley de Víctimas?
Recordemos que por presuntas irregularidades en administración de recursos y
selección de directivos, el gobierno de Santos ya le había retirado dicha
función a finales de 2015. De hecho el ex contralor Edgardo Maya había enviado
una carta a MinAgricultura antes de dejar el cargo, señalando que había riesgos
importantes en darle semejante fuente de recursos a Fedegán, pero no sólo
parece que al ministro Andrés Valencia no le importó, sino que además parece
que le
entregó hace unos meses información reservada del sector ganadero. Aunque
la
Contraloría evaluará el proceso de adjudicación del Fondo, dado el
nombramiento de Carlos Felipe Córdoba, una figura cercana a las élites, es
difícil esperar una investigación objetiva.
Ah,
y por si lo habían olvidado: la
Consulta Anticorrupción se quedó a las puertas del umbral en agosto,
luego de todos los intentos posibles del uribismo por cerrarle el paso,
incluyendo la
típica estrategia de desinformación y mentiras. Y aunque el gobierno
se comprometió posteriormente a incluir los puntos de la Consulta en la
siguiente reforma política –después de todo, 12 millones de votos no es algo
que pueda ignorarse fácilmente-, el
masivo trabajo de ortodoncia que sufrieron en el Congreso (por
decirlo de alguna forma) garantizó que sólo la limitación de períodos y la
financiación estatal de las campañas tendrían algún efecto. Comparen, en
contraposición, la creación del Fondo de Inversión de Iniciativa Congresional
que le da al Congreso hasta un 20% del presupuesto nacional, lo que básicamente
es la resurrección de los “auxilios parlamentarios” que fueron derogados con la
Constitución del 91. No, amigo lector: la mermelada sigue,
sólo que con un renovado sabor tocino y además acompañada de compota.
Libertad de expresión: durante las últimas semanas del año empezó la
disputa por el
proyecto de ley para modernizar el sector de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC). La propuesta presentada busca que la regulación
de las comunicaciones esté a cargo de una nueva entidad fusión de la Autoridad
Nacional de Televisión (Antv) y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), cuyos
comisionados serán elegidos por el gobierno, lo cual pondría entonces las
autoridades de los medios al servicio directamente del MinTIC, en
contraposición a la autonomía de la Antv. Igualmente, se busca ampliar las
concesiones de canales a empresas privadas de 10 a 30 años, y entregar a estas
y otras empresas las concesiones de televisión y radiodifusión pública. Esto
preocupa a muchos, pues se considera que sería un atropello a la libertad de
expresión, más evidente cuando se reflexiona que podría llevar a la
modificación o incluso el cierre de señales públicas como Canal Uno, y con ello
el cierre de Noticias Uno, que ha
sido especialmente crítico con la política colombiana y aún más con el uribismo.
Aunque el proyecto al final no fue debatido, hará parte de las sesiones
extraordinarias de febrero en el Congreso, en época de carnavales y fiestas
populares, por lo que es obvio que el gobierno busca a toda costa aprobar la
Ley TIC en el menor tiempo posible.
Esta
percepción se vio reforzada cuando Señal
Colombia no retransmitió un episodio de la serie Los puros criollos luego que Santiago Rivas, su
presentador, apareciera en un video de La
Pulla cuestionando la mencionada ley. Aunque el director de la RTVC
(Radio Televisión Nacional de Colombia), Juan Pablo Bieri –quien por cierto fue
estratega de comunicaciones en la campaña Duque-, dijo que el episodio se
retiró de la parrilla del canal para evitar saturar al televidente con
retransmisiones, el hecho de que ya estuviera anunciada en la parrilla hasta
ese día y que lo reemplazaran con retransmisiones de otras series hace sentir
que se insulta nuestra inteligencia.
La cosa empeora cuando se conoció que en Radio Nacional, durante una
entrevista con Duque se les pidió a los periodistas Andrea Olano y Carlos Chica
se les llamó unos minutos antes de iniciar para decirles que no podían hacer
preguntas en la entrevista, sino que dejaron a dos analistas invitados hacer un
análisis de los cien días del gobierno atocinado en
un claro caso de censura. Y aunque Bieri nuevamente quiso defenderse
con el argumento de que ellos sí tenían permiso de preguntar y no sabe por qué
siguieron callados, se dio a conocer que La
señal de la mañana, espacio radial del que hacían parte, no
iba a seguir al aire. Eso tiene un nombre, damas y caballeros: censura. ¿Recuerdan el destino de la
revista Cambio, que cerró por
“rentabilidad” y “diferencias” con la línea editorial de El Tiempo? ¿Recuerdan quién era el presidente de Colombia en ese entonces?
[Actualización 25/01/2019: el
pasado miércoles 23 de enero, La Liga Contra el Silencio y La Pulla publicaron
el audio de una reunión que demostró lo que ya se sospechaba: Bieri sí
retiró las retransmisiones de Los puros criollos del aire en
represalia a la postura de Rivas sobre la Ley TIC, además que planeaban
trasladar la siguiente temporada al horario de las 3:00 AM para "matar esa producción". Aunque Bieri
evitó referirse públicamente al contenido de las denuncias, cuestionó
en Twitter la publicación del audio e insinuó su ilegalidad –vaya cinismo-,
a lo cual la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) le cerró el paso respondiendo
que la grabación se entregó amparada en la investigación de restricciones a la
libertad de expresión, a
la vez que criticó la chambona defensa del gerente por intentar “desviar la atención sobre la gravedad de su conducta”.
Ayer jueves, Bieri
presentó su renuncia aún con el descaro de decir que salía “con la
conciencia tranquila y la frente en alto” ante lo que obviamente es un caso claro de censura por parte del
subgobierno de Duque. Y el hecho de que ni
la ministra de las TIC, Silvia Constaín, ni
la vicesubpresidenta Marta Lucía Ramírez sean capaces de ver que se trató
de censura establece un mal precedente para la libertad de expresión y prensa
durante este cuatrienio.]
Por
si no hicieran falta más evidencias, resulta que un
proyecto de ley radicado en mayo por el entonces senador Mauricio Aguilar, de
Cambio Radical, y asumido en diciembre por Jonatan Tamayo, un
zopenco apodado Manguito que entró al Senado gracias a que se coló en la Lista
de la Decencia con el partido ASI y que con su partido se unió a las toldas uribistas,
intenta revivir la tarjeta profesional del periodista, la cual fue derogada en
los 90 por la Corte Constitucional. El Proyecto Antonio Nariño, una alianza de
organizaciones del sector periodístico como la Asociación Colombiana de Medios
de Información (AMI) y la FLIP, entre
otros, han sonado las alarmas con este proyecto, pues
sus condiciones limitan el ejercicio del periodismo a tener estudios de
periodismo, una experiencia comprobada mayor a 15 años y una fuente de ingresos
obtenida del ejercicio de la profesión al menos en un 70%, además de
la creación de un Consejo Profesional que sea parte del gobierno, encargado de
entregar las mencionadas tarjetas, lo cual oprimiría la labor de gran parte de
los periodistas en un país donde ya ejercer el oficio es un peligro. ¡Y pensar
que Manguito
ni siquiera parece haber leído el texto del proyecto!
Y
no es sólo contra los periodistas. El senador de Cambio Radical Antonio
Zabaraín (sí, el borracho que dijo incoherencias en su intervención durante el
debate de control al Fiscal) propuso, a raíz de la convocatoria masiva en redes
sociales a la marcha en contra de NHM, propuso recientemente que se controlen
las redes sociales, pues según su opinión “se
convirtieron en el arma predilecta de muchos antisociales”.
Sería increíble el cinismo que maneja la clase política de este país, que
prefiere pisarles el cuello a sus críticos antes de conceder que están
defendiendo a un corrupto indefendible, si no fuera porque es Colombia y ya
conocemos de sobra que así razonan. Les incomoda muchísimo el no poder limitar
las opiniones de la gente en redes sociales como podrían hacerlo con el
periodismo. El terror de la censura es un motor de represión típico de
aspiraciones dictatoriales.
Es
otra prueba de fuego en pocos meses para el carácter del subpresidente, y sé
que se siente mal estar hablando al respecto justo cuando acaba de suceder algo
tan trágico, pero es imposible distraerse ante el hecho de que, en cuanto a
casos de violencia, Tocineto tampoco ha sido tan contundente como ha querido. Después
de un declive notable durante cinco años, la
tasa de homicidios en Colombia se incrementó en Colombia por un 3,25%,
con un notable incremento del 30% en las zonas antiguamente controladas por las
FARC, tanto por las luchas de otros grupos subversivos por el control de estos
territorios como por el típico incremento en violencia que ocurre durante época
electoral. Tumaco y el bajo Cauca se convirtieron en unas de las zonas con
mayor violencia del país. Es cierto que todo esto no es culpa del nuevo
gobierno: la inoperancia de Santos para hacer cumplir el acuerdo de paz y
garantizar la seguridad de los territorios abandonados han fortalecido a otros
grupos insurgentes que se están peleando con dientes y uñas por su pedazo de
tierra y el control de rutas de narcotráfico. Sin embargo, tal
como señala Héctor Riveros en La Silla Vacía,
la excusa de endilgarle toda la responsabilidad a Santos cada vez será menos
efectiva, pues va aumentando el tiempo que lleva Porky en la subpresidencia. Necesita
apropiarse de verdad de la situación.
Un ejemplo del pésimo manejo que lleva el gobierno con respecto a la
violencia son los homicidios de líderes sociales. Nuevamente, Duque está
llevando a cuestas la incompetencia del anterior gobierno, que tampoco fue
efectivo para proteger a personas que en muchos casos son la única cara visible
que actúa por los intereses de la gente del común; entre 2016 y 2018, 261
líderes sociales fueron acribillados en el país. Sin embargo, aunque
en su discurso de posesión hizo alusión al estado de riesgo de los líderes
sociales, hasta el momento ha sido igualmente incapaz de brindarles protección
alguna. Tan sólo en los primeros cien días del porcino, 120
líderes sociales fueron asesinados en todo el territorio. Y en los
primeros días de este nuevo año han muerto ya
ocho
líderes, y de seguir esa tendencia es probable que el año termine
con al menos doscientas víctimas más. Mientras eso ocurre, lo máximo en lo que
actúan es en que la Fiscalía (¡por fin!) reconoce que hay sistematicidad en los
homicidios (nuevamente muy conveniente para capotar su desprestigio), mientras
se enorgullece de imputaciones en al menos un 32% de los casos (lo que no está
mal, pero sigue siendo casi un 70% de impunidad), la UNP argumenta que muchos
de ellos jamás solicitaron protección, y Duque sostiene que “la mayoría de los
asesinatos de líderes sociales son obra de grupos armados organizados” (¡no,
huevón!, ¿en serio? ¿Quién lo creería?). Tristemente, si en el gobierno Santos
no se vio mucha voluntad por protegerlos, bajo el submandato del títere de una
bancada con miembros que suelen estigmatizarlos como apologistas de la
guerrilla se sigue percibiendo la indiferencia.
Y
es que estamos volviendo a las épocas en que grupos paramilitares se apoderaban
de territorios en el país en medio de su “defensa de la democracia”. El
representante Andrés Calle denunció la presencia de los Caparrapos, otro grupo
armado organizado (sí, es que ya el nombre de “bacrim” no colgaba, pero no
podían llamarlos paramilitares otra vez), en San José
de Uré, Córdoba. En la Sierra Nevada de Santa Marta los Pachecos, un
reducto del bloque paramilitar de Hernán Giraldo, intentan recuperar los
territorios de su antiguo patrón, y con
el asesinato de Wilton Orrego León, operario de Parques Nacionales
Naturales (PNN) en la zona, le recordaron al país la difícil situación que
atraviesan los encargados de conversar las áreas protegidas en Colombia -el año
pasado, se
elevaron ante la Fiscalía 17 denuncias contra funcionarios de PNN en 10 áreas
protegidas-. Y nuevamente soplan vientos de incertidumbre en El
Salado por
las recientes amenazas a líderes sociales en el pueblo, lo cual hace
temer que se repita la tragedia del 2000, donde 61 personas fueron sacadas de
sus casas y ejecutadas a sangre fría en seis días de terror (mientras
Mindefensa y MinInterior se hicieron inicialmente os desentendidos).
¿Cómo es que casi veinte años después volvemos a estar en esta situación?
Y
los casos de crímenes no asociados a la guerra, al menos que sepamos, no van
mejor. Fijémonos en casos que suelen despertar indignación: menores y mujeres. La liberación
de Cristo José Contreras, el niño de cinco años secuestrado en Norte
de Santander, la cual le dio un golpe corto de popularidad a Duque y cuyas
circunstancias son aún misteriosas para muchas personas suspicaces, se vio
ensombrecida por la
desaparición de dos menores en Santa Marta, de los cuales hasta
ahora nadie sabe a ciencia cierta su paradero; recientemente, un joven de 15
años desaparecido en la ciudad fue
hallado muerto, y al parecer con señales de tortura. Y empezando el
año nos
enteramos del homicidio de tres mujeres en el Valle del Cauca, una
de ellos notable por la brutalidad con la que al parecer fue torturada, y otra
por ser una modelo transgénero de webcam. Dada la gran cantidad de veces que
estos delitos quedan sin resolver, y el pobre desempeño de las autoridades en
los últimos años, la verdad uno no espera que cambie mucho. Y eso es triste.
Por
lo demás, si en efecto el ELN es el autor del atentado en Bogotá, sus
acciones acaban de convertirlos en autores del fin de los diálogos,
y probablemente le regalaron a Duque el enfoque que necesitaba su gobierno al concentrar
sus esfuerzos y la opinión pública en la lucha de un enemigo común. Su nula
disposición real a un diálogo serio y con concesiones, no ayudado por la línea
dura de Uribe, podría darle un cuatrienio más a la corriente extrema de la
derecha sin siquiera haber llegado a la mitad de su primer año.
Derechos: si bien durante la campaña el Porky comentó de
manera negativa en contra de medidas progresivas en materia de derechos como el
matrimonio LGBTI, la adopción homoparental y la despenalización de aborto, hay
que reconocer que de momento no ha tomado decisiones drásticas en la materia
(aparte de asignar como embajadores a promotores de la discriminación como
Viviane Morales y el temible Ordóñez, poniéndolos lejos de la crítica pública).
Sin embargo, si profundizamos más en derechos individuales hay que destacar el
controversial decreto que penaliza el porte de la dosis mínima en zonas
públicas. Esta medida fue criticada desde el principio por diversos
profesionales dado que no hace más que criminalizar al consumidor, pues reduce
al portador a ser adicto o jíbaro, sin contemplar al consumidor recreativo, sin
mencionar que en el fondo es solamente una
medida estética: el tráfico y expendio ilegal se mantiene, pero
los psicoactivos son más costosos y se fomenta la corrupción
policial. Y por supuesto, mantener la ilegalidad de estas sustancias es seguir
aceitando la máquina de terror de los grupos subversivos que engordan sus
bolsillos gracias al narcotráfico. ¿Cuántas décadas más de sufrimiento hacen
falta para que se comprenda esto?
Tampoco
hace gracia el obvio irrespeto por el carácter laico que se supone debe tener
el Estado Colombiano. Tras la posesión “presidencial” de Nicolás Maduro en
Venezuela, la acudiente de Duque (perdón, la vicepresidenta) Marta Lucía
Ramírez pidió que
nos enfocáramos “en pedirle a Dios que haya una salida de la dictadura
venezolana”, a pesar de que se supone que las creencias religiosas
de un funcionario público deben
mantenerse en un ámbito estrictamente privado, mucho más tratándose de una
funcionaria del Ejecutivo. Y mientras tanto, a los directivos de Empresas
Públicas de Medellín y a Fico Gutiérrez no
se les ocurre mejor cosa que rezar antes-del cierre de la compuerta de la casa
de máquinas. ¿Tanto confían en los ingenieros que contrataron?
Ah,
y no se me olvida que el tío Vernon sugirió
regular la protesta social para que pueda representar “los intereses de todos los colombianos”
(¿quiénes serían esos “todos”?), como
si esta se tratara de un favor que le hace el Estado al pueblo. O
que el Centro dizque Democrático solicitó hace poco que se
flexibilice el control en la venta de armas. La prohibición del
porte libre de armas no hace nada por detener a los criminales, eso es verdad,
pero la solución no está tampoco en darle libre acceso a una población que ya
por sí sola es bastante ignorante y polarizada, propensa a resolver sus pleitos
descerrajando balazos o haciendo colostomías gratis, si disculpan mi rudeza.
Eso sería echarle más fuego a la olla de presión, y la explosión podría ser
algo muy desagradable.
Conclusiones
Quizás
al leer esta extensa entrada, algunos lectores crean que yo sólo estoy siendo
caprichoso, y que quiero que le vaya mal al subgobierno de Duque. Nada más
lejos de la realidad. Sobre lo primero es imposible ser caprichoso cuando en
estos meses se han dado tantas muestras reiteradas de que Uribe y su patiño
sólo están gobernando para sus amigos y las empresas. Y a diferencia de lo que
crea una persona como María Fernanda Cabal, uno debe gobernar tanto con los
amigos como con los opositores: un Estado pluralista debe saber representar a
todas las voces si quiere presumir de una verdadera democracia.
Sobre
lo segundo, pues no quiero que a Duque le vaya mal como presidente delegado.
Tengo mucha familia y muchos seres queridos en Colombia. ¿Cómo diablos voy a
desear que sufran la incompetencia de un jefe de Estado sin experiencia,
talante ni diplomacia? Aun así, he de confesar que tampoco me interesa que le vaya
tan bien como para que el pueblo, en medio de su influenciable complacencia,
siga eligiendo a los representantes del uribismo. Doce años ya son más que
suficientes. Lo que sí desearía es que Duque se pusiera los pantalones de
mandatario serio de una buena vez y se corte el cordón umbilical, tal como hizo
Santos al llegar al poder. Eso no es traición: es sentido democrático común.
Pero
sé que esos son delirios febriles de los que realmente creen que alguien sin
influencia política, experiencia ni voluntad podría ser capaz de hacer a un
lado al hombre que lo puso en la Casa de Nariño. Cuando menos, entonces, lo que
puedo hacer es señalar los errores y desaciertos en los que incurra a lo largo
de estos cuatro años. Esa debería ser la labor de todos los colombianos.
Adenda 1: no, “presidente” Duque: uno
no puede cambiar las reglas del juego y pedir la entrega de la mesa
directiva del grupo subversivo con el que se negocia una salida al conflicto
armado al país garante de diálogos. El ELN no sólo entabló diálogos y
estableció protocolos de ruptura de los mismos con el gobierno Santos, sino también
con el Estado colombiano, y este va por encima del gobierno de turno (y no es
como que la muy comunista Cuba pretendiera entregarlos en cualquier caso). No
conozco bien el asidero legal al respecto, pero al menos éticamente sería
reprochable. Eso no quita responsabilidad a la guerrilla por su falta de
disposición, cinismo y soberbia al cometer atentados mientras se encuentran
dialogando, si en efecto son responsables.
Adenda 2: muy acertada la editorial del viernes en El Espectador al calificar el trino de
Álvaro Uribe al conocerse los atentados como “una
reacción de absoluta irresponsabilidad”. El senador está muy acostumbrado a
ser el buitre que va por la carroña cada vez que hay una tragedia, encajando
perfectamente en la definición de miserable que dio el comediante Iván Marín en
un melancólico video que compartió en su página de Facebook.
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