Cinco meses de chicharrones


Introducción

Para ninguno de los lectores habituales será un secreto que desconfío de la administración del subpresidente Tocineto (perdón, el presidente Iván Duque). A pesar de que después de las elecciones he hablado poco al respecto en este blog, en parte por cuestiones de tiempo, en mis redes sociales sí he tenido oportunidad de cuestionar bastante las acciones que toma el semipresidente de acuerdo a lo que le ordena su tutor, Álvaro Uribe. Porque no nos engañemos: cualquiera con dos dedos de frente, incluso entre los mismos uribistas, se da cuenta al instante que la posición presidencial de Duque no es más que la pantalla tras la cual se esconde Uribe, a semejanza de la presidencia de Dmitri Medvédev (2008-2012), durante la cual Vladimir Putin se desempeñó como Primer Ministro mientras ostentaba realmente el poder en Rusia.

Con Matador encuentra uno ejemplo para casi cada cosa que ocurre en el país.

Otra razón por la que no he discutido mucho al respecto es porque, al principio, consideraba que unos pocos meses no son suficientes para analizar a profundidad la dirección de un nuevo gobierno. Sin embargo olvidé que gobiernos reaccionarios o muy idealistas tienden a tomar decisiones radicales en poco tiempo. Nada más fíjense en lo rápido que Bolsonaro dispuso la eliminación de áreas protegidas en Brasil y asegura que combatirá la “ideología de género”, o el descaro con que su Ministra menosprecia el carácter laico del Estado. O si quieren fijarse en López Obrador y su polémica propuesta del Tren Maya, los cambios drásticos en el salario mínimo de altos funcionarios y la puesta en venta de su avión presidencial. Y antes de que me quieran acribillar los cortos de entender: no estoy diciendo que un fascista homofóbico y un caudillista semiprogre (porque siendo de izquierda, la realidad es que Amlo no es tan progresista como muchos creen) sean la misma cosa. Estoy ilustrando cómo un cambio en la dirección de un país puede venir con decisiones importantes en un corto período, así que tres o cinco meses sí pueden, cuando mucho, ayudar a vislumbrar el rumbo de un nuevo mandatario.


Si hay algo en lo que diversos analistas coincidieron al cumplirse los cien días del gobierno encargado de Duque es que, aparte del regreso de algunas políticas de la era Uribe, el lechoncito no tenía definida una bandera sobre la cual enfocar su mandato asociado. Analicemos, como hizo Carlos Fernando Galán, a los que han ocupado el solio de Bolívar desde 1990: Gaviria se enfocó en la apertura económica, con todo y su subsecuente impacto a nivel nacional; Samper impulsó apoyos económicos en su propuesta de “Salto Social” que terminó siendo un “Salto Contra el Piso”; Pastrana buscó la paz con las FARC, y terminó fortaleciendo sus actividades delictivas; Uribe y su “Mano firme, corazón grande” dirigieron su atención a combatir a las guerrillas con su (in)Seguridad Democrática; Santos buscó de nuevo la paz con las FARC y logró su desarme y retorno a la vida civil, aunque aún estamos evaluando el nivel de éxito del acuerdo. El titiritero de Duque no le ha cedido a este una dirección semejante: aun hoy, a cinco meses de su gobierno, lo más cercano que podemos ver a un enfoque es su presión a que se desconozca internacionalmente el gobierno dictatorial de Maduro en Venezuela, y eso no es una dirección lo bastante sustanciosa para sostener un cuatrienio. No obstante, las decisiones que ha estado tomando hasta ahora sí que dejan ver un escenario terrible con el continuismo de la política uribista.

Conversando una vez sobre las continuas estupideces que dice el subpresidente durante sus alocuciones y discursos públicos, un amigo me señaló que Tocineto se ha convertido en una burla al estilo de la presidencia de Peña Nieto en México. Y no pude evitar recordar esta entrada de Ego de hace casi siete años, donde el bloguero y maestro analizaba a los candidatos presidenciales que en aquella época aspiraban a gobernar el siguiente sexenio, y reconocer cómo la perspectiva desastrosa de un eventual gobierno del candidato priísta (cosa que en efecto pasó) termina siendo de hecho mucho de lo que ya me preocupaba del regreso de Uribe y que expresé en la trilogía no oficial sobre las elecciones presidenciales del año pasado. Y es que muchos temores se compartían, pues aunque Uribe no goza del sistema corporativista del PRI (teóricamente, claro), sí que tiene el suficiente poder para deteriorar aún más la poca democracia colombiana, tal como ocurrió en México con el copetín descerebrado.

Con Duque me centré en críticas particulares sobre su eventual triunfo: su falta de independencia con respecto a Uribe, sus torpes medidas económicas, la reforma a la justicia que buscaba fusionar las Altas Cortes, la supervivencia de la corrupción, el recrudecimiento de la persecución y violencia contra opositores y un retroceso en derechos. Intentemos desglosar cada una.

Independencia: esta es la más obvia de todas, y al mismo tiempo más fácil de verificar. Duque ha dicho desde su campaña que no es títere de Álvaro Uribe, pero la forma en que maneja la relación con su partido y los continuos exabruptos de su gabinete dejan más que evidente que ocurre justo lo contrario. Sólo recordemos cuando Alicia Arango afirmó que “gobernará Iván Duque, pero no hay que olvidar que nuestro jefe es Álvaro Uribe”. Cuando vemos choques entre el subpresidente y el mal llamado Centro Democrático en aspectos como la reforma a la justicia o el impulso de listas cerradas en la reforma política, los analistas más compasivos dirán que Duque es un secuestrado de su partido.


Sin embargo, no hace falta ser Daniel Coronell para notar que hay algo extraño en esas “peleas” entre Tocineto y su partido. La impresión que dan, más bien, es la siguiente: el titiritero está muy consciente de la pobre imagen de Duque como presidente independiente, y es muy claro que los desacuerdos o coincidencias del subpresidente con el mal llamado Centro Democrático ni son oposición real ni un diálogo profundo, sino escenarios armados para dar la impresión de independencia, tanto de Tocineto como de su partido. Al rechazar propuestas irracionales de esa manada de estúpidos que dicen ser el bloque del gobierno, Duque “demuestra” ser un líder capaz que no tiene que rendirle cuentas a su partido. Al rechazar medidas estúpidas del subpresidente, el dizque Centro Democrático “demuestra” que son un partido independiente del Ejecutivo.

Así que no: es más independiente el bazo de su cuerpo, amigo lector, que Iván Duque de Uribe. Ninguna de las decisiones que asume, los nombramientos de embajadores, los ministros elegidos, las leyes propuestas, nada de eso nace de él, porque es muy obvio que sin rueditas el Tocineto no puede montar la bicicleta. Todo eso es formulado desde la oficina de Uribe, y lo cierto es que incluso mucha gente que votó por él, uribistas de pura cepa, incluso lo prefieren así.

Economía: como esta es de las preocupaciones más inmediatas del colombiano promedio, que debe levantarse temprano a ganarse su sueldo, y es una de las cosas con las que Tocineto mintió de manera obvia y descarada, hay que mencionarla de inmediato. Nadie me negará que una de las cosas que más prometía Iván Duque durante su campaña fue que no iba a subir los impuestos y que tendríamos seis días sin IVA en el país, además que criticó a Santos por subirle al IVA hasta el 18%. Y aunque de momento el Porky no va a subir el IVA, ¡este iba destinado hasta al huevo! Sí, resultó embustero el cerdito.

Empezamos por ese esperpento de la reforma tributaria propuesta para este año que eufemísticamente, en el estilo con que José Obdulio Gaviria llamaba “falsos positivos” a las ejecuciones extrajudiciales y “migrantes internos” a los desplazados por la violencia, renombraron Ley de Financiamiento. Esta propuesta fue polémica principalmente porque proponían gravar con un IVA del 19% más del 80% de la canasta familiar. Aun cuando esto finalmente se cayó en noviembre, la Ley fue aprobada de forma exprés en el Congreso en diciembre, y se venía con un obvio hueco dado este cambio que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sugirió debía ajustarse con una reforma en los programas sociales del gobierno, lo cual incluye claros recortes como el no prorrogar los subsidios a inmuebles por fuera de las Viviendas de Interés Social, lo que significa que las familias de clase media no contarán con apoyo estatal para conseguir una casa.


Aun la reforma aprobada es tortuosa, pues entre otras cosas termina aliviando la carga tributaria de las empresas, las cuales de por sí, gracias a beneficios que en Los Simpson llamarían “contabilidad creativa”, terminan pagando muchísimo menos de lo que les corresponde, mientras que le incrementa impuestos a los ciudadanos naturales, y en especial a la clase media. Aun cuando incluye una sobretasa de 4% al sector financiero y el licor y las gaseosas, se niega el impuesto al carbono mientras se mantienen gravadas las energías renovables y no hay exención de IVA para vehículos híbridos y eléctricos, lo que desincentiva el reemplazo gradual del combustible fósil en el país y el mercado de tecnologías limpias, y nos deja más atrás en cuanto a conciencia ecológica. También los libros, que ya por sí solos son bastante costosos, entran al equipo del IVA, como si no quisieran que el colombiano leyera al menos los Cuentos de los Hermanos Grimm. Y todo esto con un incremento paupérrimo del salario mínimo.

En síntesis, y como han observado muchos: la forma en que nuestro gobierno disminuye el poder adquisitivo del colombiano se encarga maravillosamente de mantener la pobreza delimitada mientras parece destinada a asfixiar y extinguir la clase media del país –que por cierto, su definición en Colombia con base en los ingresos mensuales es restrictiva e irreal-. ¿Y saben qué es lo peor? Que por el déficit presupuestas de esta reforma, es muy posible que a fin de año sea necesaria otra.

O puede que no. En estos momentos, el gobierno propone vender un 8,9% de las acciones de Ecopetrol, la empresa petrolera nacional, para solventar los gastos públicos con unos 10 billones de pesos que aportaría esta operación (recordemos que durante la era Uribe, con Carrasquilla como MinHacienda también, se privatizó casi el 12% de la empresa). Sin embargo, algunos sugieren que esta venta le representaría una pérdida anual de $600.000 millones al Estado colombiano. ¿Sería entonces lo más conveniente a largo plazo?

Educación: ni bien había calentado el solio de Bolívar, a Duque le tocó mantear un paro estudiantil a nivel nacional. Hay que destacar en principio que buena parte del problema en Colombia con la deuda de presupuesto para universidades públicas, motivo del paro, viene desde gobiernos pasados, y destaquemos que partiendo por las marchas que hicimos en 2011 en contra de la Reforma a la Ley 30, Santos nunca tuvo una buena relación con los estudiantes. De hecho, a pesar de haber llegado a un Pacto por la Educación de 2014, el ex presidente no logró cumplir los acuerdos de incrementar la inversión anual ni garantizar un mayor acceso a la educación superior. Hay muchos problemas que vienen de tiempo atrás.

Sin embargo, el conflicto del subpresidente con las universidades públicas nació a partir de las cifras del Presupuesto Anual de la Nación, donde aunque Educación tenía el mayor monto asignado con $38,7 billones de pesos, levantó indignación el notable incremento en Defensa, con un consiguiente monto de $33,6 billones. Esto se vio como una afrenta a la deuda histórica con las universidades públicas, que sufren un déficit de $15 billones en infraestructura y calidad, y que entre inversiones para cerrar el año y gastos operacionales, requerían además otros $4 billones. El paro y las marchas empezaron en octubre y se prolongaron por casi tres meses. Duque se reunió con los directores en octubre para llegar a un acuerdo de financiación, pero los estudiantes no se vieron representados y no cedieron. Fue todavía más insultante cuando Tocineto, en otra de sus “inteligentes” acciones que son más propias de un politiquero en campaña que de un jefe de Estado, se reunió en la Casa de Nariño con Maluma y no con los estudiantes.


Finalmente, tras 64 días de paro y marchas que incluyeron violentas represiones del ESMAD que culminaron en diciembre con un estudiante que perdió un ojo en Popayán, el gobierno logró sentarse con los representantes estudiantiles y llegar a un acuerdo. 13 de las 26 universidades públicas que se encontraban en paro o asamblea permanente decidieron volver a clases, pero otras se mantienen en suspensión de actividades, y los movimientos estudiantiles convocaron a una nueva marcha el próximo jueves 24 de enero para exigir una educación de calidad, rechazar los reiterados abusos del ESMAD y realizar un homenaje a los líderes sociales asesinados. Este jueves debía darse la marcha, pero en respeto al reciente atentado en Bogotá –ya ampliaré al respecto un par de secciones más adelante- decidieron suspenderla.

Corrupción: desde que Duque asumió la subpresidencia, una de las piedras más molestas que ha tenido en su zapato es el caso Odebrecht. En concreto, el evidente conocimiento del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, de los movimientos corruptos durante la adjudicación de contratos para la Ruta del Sol mientras era abogado del grupo Aval. Sin embargo, desde que iniciaron los cuestionamientos el gobierno y su partido se han empeñado en proteger al Fiscal, desestimando las acusaciones de manera descarada mientras distraen con sandeces como la estupidez de Petro de recibir fajos de billetes en la mano como narco cualquiera, y el Fiscal acude a argumentos pobres para diluir el debate. Y eso que estamos ignorando otras investigaciones convenientemente archivadas contra personajes como Enrique Peñalosa, Alejandro Ordóñez, Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos.

¿Usted de verdad confiaría en una entidad así?

Causa aún más inquietud que dos testigos del caso Odebrecht y un tercero hayan muerto en circunstancias poco claras. Primero, Jorge Enrique Pizano falleció aparentemente de un infarto, pero la cosa se complicó cuando su hijo murió al poco tiempo por envenenamiento con cianuro, se descubrió una botella de agua con el veneno en casa de su padre, y el dictamen de Medicina Legal sobre la muerte de Pizano fue cuestionado por los errores en su procedimiento, al punto que su director tuvo que renunciar. Y antes de terminar el año Rafael Merchán, otro testigo, se suicidó con cianuro. De acuerdo a su familia fueron motivos personales, y se presentaron grabaciones de sus últimas horas de vida, por lo cual la Fiscalía archivó recientemente el caso, pero nada de eso despeja las sospechas. No sorprende que Luis Fernando Andrade, otro testigo clave en el caso y además un implicado, haya sido trasladado al exterior.

El descaro del Fiscal es tal que mientras en muchas capitales del país hubo marchas pidiendo su renuncia, él se estaba bronceando en la playa. Tiene con qué relajarse, claro, pues cuenta con el respaldo de Uribe. Y aunque Tocineto insista en que se va a investigar a Martínez, el fiscal ad hoc asignado por el gobierno, Leonardo Espinosa, resulta ser de su misma línea política y además cercano al Fiscal, por lo que es claro que este seguirá en el cargo el poco tiempo que le falta, y además sin ser juzgado por la más que evidente corrupción de la que hizo parte. Así que si quieren ver justicia, no la van a hallar en la mermelada de tocino.


¡Pero esperen! ¿Y qué pasó con el acuerdo de paz con las FARC, ese que pretendían hacer trizas? Bien, la verdad es que el subpresidente no tiene mucha prisa en cumplirlo a cabalidad, en especial en el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las circunscripciones especiales, a las cuales el partido uribista se ha enfrentado varias veces durante estos meses, pero sin proponer alternativas sólidas. ¿Qué mejor manera de destrozar un acuerdo incómodo para ellos que dejarlo agonizar poco a poco en el rincón?

Y en cuanto al fin de la mermelada, la realidad es que esta sigue igualmente presente. Desde sus inicios el gobierno Duque ha demostrado una terquedad en postular en cargos importantes a personas que no sólo no cuentan con las competencias requeridas, sino que además son todos de la misma línea política de su partido, y en más de una ocasión se han expresado de forma nada acorde con dichos cargos. El nombramiento de un reconocido reaccionario discriminador ultraderechista como Alejandro Ordóñez en la embajada de la OEA quizás es uno de los más controversiales, pero no es el único. De hecho, el más discutido por mucho fue la postulación de Claudia Ortiz a la dirección de la Unidad Nacional de Protección, lo cual fue muy cuestionado por las viscerales críticas que la señora lanzaba en redes sociales contra miembros de la oposición, especialmente de las FARC. De ahí el subpresidente la postuló como directora de la Agencia de Desarrollo Rural, a pesar que fue demostrado que Ortiz no sólo no contaba con la experiencia para ello, sino que además acreditó la maestría que no tiene a través de una notaría (de haberlo sabido, yno no estaría perdiendo el tiempo con un doctorado en Chile…). A pesar de la acidez de las críticas, el Día de los Inocentes terminó confirmando su cargo.

También fueron bastante cuestionadas las propuestas de dirección para el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). En principio, uno de los nombres más sonados para el cargo fue el periodista Mario Javier Pacheco, quien ha sido un fuerte crítico de la institución por su “revisionismo cultural e histórico” “propiciado por Santos: es decir, reconocer que miembros del Estado y las autodefensas han cometido igualmente crímenes de lesa humanidad contra la población civil, y en no pocos casos incluso más cruentos que los de la guerrilla. Ante la avalancha de reproches, el gobierno reculó, pero terminó nombrando a Vicente Torrijos, un académico cercano a los militares que elogió al ultraderechista Bolsonaro en Brasil, por lo cual se temía un sesgo en la reconstrucción del pasado violento en Colombia, además de presentar inconsistencias en su hoja de vida con sus títulos (estos no necesarios para el cargo, como en el caso de Ortiz), hecho que le valió su desvinculación con la Universidad del Rosario. Ante semejante golpe público, Torrijos renunció pronto.

¿Y mencionamos algo de los nombramientos en embajadas? Creo que es obvio que la mayoría de los designados no cuenta con experiencia en diplomacia. Sólo vean las estúpidas declaraciones de Francisco Santos, quien como embajador en Estados Unidos declaró que no se podía excluir una intervención militar en Venezuela (véanse ejemplos como Irak y Libia para comprender por qué intervenir a lo bestia rara vez funciona) y le pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos la liberación de Andrés Felipe Arias, como si el caso de Agro Ingreso Seguro no existiera. O el nombramiento del exgobernador del Valle, Ubeimar Delgado, como embajador en Suecia, siendo que ni siquiera domina el inglés. ¿Y qué decir de nombrar, entre otros, al hermano de Paloma Valencia y a la ex esposa de César Gaviria (¿y vendió al Partido Colorado en segunda vuelta por esa miseria?)?

¿O prefieren hablar de cómo se le devolvió la administración del Fondo Nacional Ganadero a Fedegán, baluarte de José Félix Lafaurie, uno de los aliados del uribismo y de los más acérrimos críticos de la restitución de tierras en la Ley de Víctimas? Recordemos que por presuntas irregularidades en administración de recursos y selección de directivos, el gobierno de Santos ya le había retirado dicha función a finales de 2015. De hecho el ex contralor Edgardo Maya había enviado una carta a MinAgricultura antes de dejar el cargo, señalando que había riesgos importantes en darle semejante fuente de recursos a Fedegán, pero no sólo parece que al ministro Andrés Valencia no le importó, sino que además parece que le entregó hace unos meses información reservada del sector ganadero. Aunque la Contraloría evaluará el proceso de adjudicación del Fondo, dado el nombramiento de Carlos Felipe Córdoba, una figura cercana a las élites, es difícil esperar una investigación objetiva.

Ah, y por si lo habían olvidado: la Consulta Anticorrupción se quedó a las puertas del umbral en agosto, luego de todos los intentos posibles del uribismo por cerrarle el paso, incluyendo la típica estrategia de desinformación y mentiras. Y aunque el gobierno se comprometió posteriormente a incluir los puntos de la Consulta en la siguiente reforma política –después de todo, 12 millones de votos no es algo que pueda ignorarse fácilmente-, el masivo trabajo de ortodoncia que sufrieron en el Congreso (por decirlo de alguna forma) garantizó que sólo la limitación de períodos y la financiación estatal de las campañas tendrían algún efecto. Comparen, en contraposición, la creación del Fondo de Inversión de Iniciativa Congresional que le da al Congreso hasta un 20% del presupuesto nacional, lo que básicamente es la resurrección de los “auxilios parlamentarios” que fueron derogados con la Constitución del 91. No, amigo lector: la mermelada sigue, sólo que con un renovado sabor tocino y además acompañada de compota.

Libertad de expresión: durante las últimas semanas del año empezó la disputa por el proyecto de ley para modernizar el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). La propuesta presentada busca que la regulación de las comunicaciones esté a cargo de una nueva entidad fusión de la Autoridad Nacional de Televisión (Antv) y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), cuyos comisionados serán elegidos por el gobierno, lo cual pondría entonces las autoridades de los medios al servicio directamente del MinTIC, en contraposición a la autonomía de la Antv. Igualmente, se busca ampliar las concesiones de canales a empresas privadas de 10 a 30 años, y entregar a estas y otras empresas las concesiones de televisión y radiodifusión pública. Esto preocupa a muchos, pues se considera que sería un atropello a la libertad de expresión, más evidente cuando se reflexiona que podría llevar a la modificación o incluso el cierre de señales públicas como Canal Uno, y con ello el cierre de Noticias Uno, que ha sido especialmente crítico con la política colombiana y aún más con el uribismo. Aunque el proyecto al final no fue debatido, hará parte de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso, en época de carnavales y fiestas populares, por lo que es obvio que el gobierno busca a toda costa aprobar la Ley TIC en el menor tiempo posible.

Esta percepción se vio reforzada cuando Señal Colombia no retransmitió un episodio de la serie Los puros criollos luego que Santiago Rivas, su presentador, apareciera en un video de La Pulla cuestionando la mencionada ley. Aunque el director de la RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia), Juan Pablo Bieri –quien por cierto fue estratega de comunicaciones en la campaña Duque-, dijo que el episodio se retiró de la parrilla del canal para evitar saturar al televidente con retransmisiones, el hecho de que ya estuviera anunciada en la parrilla hasta ese día y que lo reemplazaran con retransmisiones de otras series hace sentir que se insulta nuestra inteligencia.

La cosa empeora cuando se conoció que en Radio Nacional, durante una entrevista con Duque se les pidió a los periodistas Andrea Olano y Carlos Chica se les llamó unos minutos antes de iniciar para decirles que no podían hacer preguntas en la entrevista, sino que dejaron a dos analistas invitados hacer un análisis de los cien días del gobierno atocinado en un claro caso de censura. Y aunque Bieri nuevamente quiso defenderse con el argumento de que ellos sí tenían permiso de preguntar y no sabe por qué siguieron callados, se dio a conocer que La señal de la mañana, espacio radial del que hacían parte, no iba a seguir al aire. Eso tiene un nombre, damas y caballeros: censura. ¿Recuerdan el destino de la revista Cambio, que cerró por “rentabilidad” y “diferencias” con la línea editorial de El Tiempo? ¿Recuerdan quién era el presidente de Colombia en ese entonces?


[Actualización 25/01/2019: el pasado miércoles 23 de enero, La Liga Contra el Silencio y La Pulla publicaron el audio de una reunión que demostró lo que ya se sospechaba: Bieri sí retiró las retransmisiones de Los puros criollos del aire en represalia a la postura de Rivas sobre la Ley TIC, además que planeaban trasladar la siguiente temporada al horario de las 3:00 AM para "matar esa producción". Aunque Bieri evitó referirse públicamente al contenido de las denuncias, cuestionó en Twitter la publicación del audio e insinuó su ilegalidad –vaya cinismo-, a lo cual la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) le cerró el paso respondiendo que la grabación se entregó amparada en la investigación de restricciones a la libertad de expresión, a la vez que criticó la chambona defensa del gerente por intentar “desviar la atención sobre la gravedad de su conducta. Ayer jueves, Bieri presentó su renuncia aún con el descaro de decir que salía “con la conciencia tranquila y la frente en alto” ante lo que obviamente es un caso claro de censura por parte del subgobierno de Duque. Y el hecho de que ni la ministra de las TIC, Silvia Constaín, ni la vicesubpresidenta Marta Lucía Ramírez sean capaces de ver que se trató de censura establece un mal precedente para la libertad de expresión y prensa durante este cuatrienio.]


Por si no hicieran falta más evidencias, resulta que un proyecto de ley radicado en mayo por el entonces senador Mauricio Aguilar, de Cambio Radical, y asumido en diciembre por Jonatan Tamayo, un zopenco apodado Manguito que entró al Senado gracias a que se coló en la Lista de la Decencia con el partido ASI y que con su partido se unió a las toldas uribistas, intenta revivir la tarjeta profesional del periodista, la cual fue derogada en los 90 por la Corte Constitucional. El Proyecto Antonio Nariño, una alianza de organizaciones del sector periodístico como la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la FLIP, entre otros, han sonado las alarmas con este proyecto, pues sus condiciones limitan el ejercicio del periodismo a tener estudios de periodismo, una experiencia comprobada mayor a 15 años y una fuente de ingresos obtenida del ejercicio de la profesión al menos en un 70%, además de la creación de un Consejo Profesional que sea parte del gobierno, encargado de entregar las mencionadas tarjetas, lo cual oprimiría la labor de gran parte de los periodistas en un país donde ya ejercer el oficio es un peligro. ¡Y pensar que Manguito ni siquiera parece haber leído el texto del proyecto!

Y no es sólo contra los periodistas. El senador de Cambio Radical Antonio Zabaraín (sí, el borracho que dijo incoherencias en su intervención durante el debate de control al Fiscal) propuso, a raíz de la convocatoria masiva en redes sociales a la marcha en contra de NHM, propuso recientemente que se controlen las redes sociales, pues según su opinión “se convirtieron en el arma predilecta de muchos antisociales”. Sería increíble el cinismo que maneja la clase política de este país, que prefiere pisarles el cuello a sus críticos antes de conceder que están defendiendo a un corrupto indefendible, si no fuera porque es Colombia y ya conocemos de sobra que así razonan. Les incomoda muchísimo el no poder limitar las opiniones de la gente en redes sociales como podrían hacerlo con el periodismo. El terror de la censura es un motor de represión típico de aspiraciones dictatoriales.

Violencia: en el momento en que estoy escribiendo esto, 17 de enero, acaba de ocurrir un atentado con un carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander, al sur de Bogotá. El saldo hasta ahora es de 21 muertos y más de 60 heridos. Duque se trasladó de inmediato desde Quibdó, en donde irónicamente presidía un consejo de seguridad, y repudió la acción como “un miserable acto terrorista”, a la vez que promete llevar a la justicia a los responsables. Mientras tanto, el Fiscal NHM promete llegas hasta las últimas consecuencias para castigar a los responsables, y en un notable tiempo récord lograron esclarecer los autores materiales del atentado. Y aunque a mí no me interesa alimentar las teorías de conspiración de quienes hablan de un autoatentado u otro “falso positivo” -que fuera el ELN no me sorprendería en lo más mínimo, pero aún había que confirmarlo bien antes de levantarse de la mesa de diálogo en Cuba-, es innegable que esta tragedia le cae como anillo al dedo a Martínez para desviar las inmensas críticas a su evidente corrupción.

Es otra prueba de fuego en pocos meses para el carácter del subpresidente, y sé que se siente mal estar hablando al respecto justo cuando acaba de suceder algo tan trágico, pero es imposible distraerse ante el hecho de que, en cuanto a casos de violencia, Tocineto tampoco ha sido tan contundente como ha querido. Después de un declive notable durante cinco años, la tasa de homicidios en Colombia se incrementó en Colombia por un 3,25%, con un notable incremento del 30% en las zonas antiguamente controladas por las FARC, tanto por las luchas de otros grupos subversivos por el control de estos territorios como por el típico incremento en violencia que ocurre durante época electoral. Tumaco y el bajo Cauca se convirtieron en unas de las zonas con mayor violencia del país. Es cierto que todo esto no es culpa del nuevo gobierno: la inoperancia de Santos para hacer cumplir el acuerdo de paz y garantizar la seguridad de los territorios abandonados han fortalecido a otros grupos insurgentes que se están peleando con dientes y uñas por su pedazo de tierra y el control de rutas de narcotráfico. Sin embargo, tal como señala Héctor Riveros en La Silla Vacía, la excusa de endilgarle toda la responsabilidad a Santos cada vez será menos efectiva, pues va aumentando el tiempo que lleva Porky en la subpresidencia. Necesita apropiarse de verdad de la situación.

Un ejemplo del pésimo manejo que lleva el gobierno con respecto a la violencia son los homicidios de líderes sociales. Nuevamente, Duque está llevando a cuestas la incompetencia del anterior gobierno, que tampoco fue efectivo para proteger a personas que en muchos casos son la única cara visible que actúa por los intereses de la gente del común; entre 2016 y 2018, 261 líderes sociales fueron acribillados en el país. Sin embargo, aunque en su discurso de posesión hizo alusión al estado de riesgo de los líderes sociales, hasta el momento ha sido igualmente incapaz de brindarles protección alguna. Tan sólo en los primeros cien días del porcino, 120 líderes sociales fueron asesinados en todo el territorio. Y en los primeros días de este nuevo año han muerto ya ocho líderes, y de seguir esa tendencia es probable que el año termine con al menos doscientas víctimas más. Mientras eso ocurre, lo máximo en lo que actúan es en que la Fiscalía (¡por fin!) reconoce que hay sistematicidad en los homicidios (nuevamente muy conveniente para capotar su desprestigio), mientras se enorgullece de imputaciones en al menos un 32% de los casos (lo que no está mal, pero sigue siendo casi un 70% de impunidad), la UNP argumenta que muchos de ellos jamás solicitaron protección, y Duque sostiene que “la mayoría de los asesinatos de líderes sociales son obra de grupos armados organizados” (¡no, huevón!, ¿en serio? ¿Quién lo creería?). Tristemente, si en el gobierno Santos no se vio mucha voluntad por protegerlos, bajo el submandato del títere de una bancada con miembros que suelen estigmatizarlos como apologistas de la guerrilla se sigue percibiendo la indiferencia.



Y es que estamos volviendo a las épocas en que grupos paramilitares se apoderaban de territorios en el país en medio de su “defensa de la democracia”. El representante Andrés Calle denunció la presencia de los Caparrapos, otro grupo armado organizado (sí, es que ya el nombre de “bacrim” no colgaba, pero no podían llamarlos paramilitares otra vez), en San José de Uré, Córdoba. En la Sierra Nevada de Santa Marta los Pachecos, un reducto del bloque paramilitar de Hernán Giraldo, intentan recuperar los territorios de su antiguo patrón, y con el asesinato de Wilton Orrego León, operario de Parques Nacionales Naturales (PNN) en la zona, le recordaron al país la difícil situación que atraviesan los encargados de conversar las áreas protegidas en Colombia -el año pasado, se elevaron ante la Fiscalía 17 denuncias contra funcionarios de PNN en 10 áreas protegidas-. Y nuevamente soplan vientos de incertidumbre en El Salado por las recientes amenazas a líderes sociales en el pueblo, lo cual hace temer que se repita la tragedia del 2000, donde 61 personas fueron sacadas de sus casas y ejecutadas a sangre fría en seis días de terror (mientras Mindefensa y MinInterior se hicieron inicialmente os desentendidos). ¿Cómo es que casi veinte años después volvemos a estar en esta situación?


Y los casos de crímenes no asociados a la guerra, al menos que sepamos, no van mejor. Fijémonos en casos que suelen despertar indignación: menores y mujeres. La liberación de Cristo José Contreras, el niño de cinco años secuestrado en Norte de Santander, la cual le dio un golpe corto de popularidad a Duque y cuyas circunstancias son aún misteriosas para muchas personas suspicaces, se vio ensombrecida por la desaparición de dos menores en Santa Marta, de los cuales hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta su paradero; recientemente, un joven de 15 años desaparecido en la ciudad fue hallado muerto, y al parecer con señales de tortura. Y empezando el año nos enteramos del homicidio de tres mujeres en el Valle del Cauca, una de ellos notable por la brutalidad con la que al parecer fue torturada, y otra por ser una modelo transgénero de webcam. Dada la gran cantidad de veces que estos delitos quedan sin resolver, y el pobre desempeño de las autoridades en los últimos años, la verdad uno no espera que cambie mucho. Y eso es triste.



Por lo demás, si en efecto el ELN es el autor del atentado en Bogotá, sus acciones acaban de convertirlos en autores del fin de los diálogos, y probablemente le regalaron a Duque el enfoque que necesitaba su gobierno al concentrar sus esfuerzos y la opinión pública en la lucha de un enemigo común. Su nula disposición real a un diálogo serio y con concesiones, no ayudado por la línea dura de Uribe, podría darle un cuatrienio más a la corriente extrema de la derecha sin siquiera haber llegado a la mitad de su primer año.

Derechos: si bien durante la campaña el Porky comentó de manera negativa en contra de medidas progresivas en materia de derechos como el matrimonio LGBTI, la adopción homoparental y la despenalización de aborto, hay que reconocer que de momento no ha tomado decisiones drásticas en la materia (aparte de asignar como embajadores a promotores de la discriminación como Viviane Morales y el temible Ordóñez, poniéndolos lejos de la crítica pública). Sin embargo, si profundizamos más en derechos individuales hay que destacar el controversial decreto que penaliza el porte de la dosis mínima en zonas públicas. Esta medida fue criticada desde el principio por diversos profesionales dado que no hace más que criminalizar al consumidor, pues reduce al portador a ser adicto o jíbaro, sin contemplar al consumidor recreativo, sin mencionar que en el fondo es solamente una medida estética: el tráfico y expendio ilegal se mantiene, pero los psicoactivos son más costosos y se fomenta la corrupción policial. Y por supuesto, mantener la ilegalidad de estas sustancias es seguir aceitando la máquina de terror de los grupos subversivos que engordan sus bolsillos gracias al narcotráfico. ¿Cuántas décadas más de sufrimiento hacen falta para que se comprenda esto?

Tampoco hace gracia el obvio irrespeto por el carácter laico que se supone debe tener el Estado Colombiano. Tras la posesión “presidencial” de Nicolás Maduro en Venezuela, la acudiente de Duque (perdón, la vicepresidenta) Marta Lucía Ramírez pidió que nos enfocáramos “en pedirle a Dios que haya una salida de la dictadura venezolana”, a pesar de que se supone que las creencias religiosas de un funcionario público deben mantenerse en un ámbito estrictamente privado, mucho más tratándose de una funcionaria del Ejecutivo. Y mientras tanto, a los directivos de Empresas Públicas de Medellín y a Fico Gutiérrez no se les ocurre mejor cosa que rezar antes-del cierre de la compuerta de la casa de máquinas. ¿Tanto confían en los ingenieros que contrataron?

Ah, y no se me olvida que el tío Vernon sugirió regular la protesta social para que pueda representar “los intereses de todos los colombianos” (¿quiénes serían esos “todos”?), como si esta se tratara de un favor que le hace el Estado al pueblo. O que el Centro dizque Democrático solicitó hace poco que se flexibilice el control en la venta de armas. La prohibición del porte libre de armas no hace nada por detener a los criminales, eso es verdad, pero la solución no está tampoco en darle libre acceso a una población que ya por sí sola es bastante ignorante y polarizada, propensa a resolver sus pleitos descerrajando balazos o haciendo colostomías gratis, si disculpan mi rudeza. Eso sería echarle más fuego a la olla de presión, y la explosión podría ser algo muy desagradable.

Conclusiones

Quizás al leer esta extensa entrada, algunos lectores crean que yo sólo estoy siendo caprichoso, y que quiero que le vaya mal al subgobierno de Duque. Nada más lejos de la realidad. Sobre lo primero es imposible ser caprichoso cuando en estos meses se han dado tantas muestras reiteradas de que Uribe y su patiño sólo están gobernando para sus amigos y las empresas. Y a diferencia de lo que crea una persona como María Fernanda Cabal, uno debe gobernar tanto con los amigos como con los opositores: un Estado pluralista debe saber representar a todas las voces si quiere presumir de una verdadera democracia.

Sobre lo segundo, pues no quiero que a Duque le vaya mal como presidente delegado. Tengo mucha familia y muchos seres queridos en Colombia. ¿Cómo diablos voy a desear que sufran la incompetencia de un jefe de Estado sin experiencia, talante ni diplomacia? Aun así, he de confesar que tampoco me interesa que le vaya tan bien como para que el pueblo, en medio de su influenciable complacencia, siga eligiendo a los representantes del uribismo. Doce años ya son más que suficientes. Lo que sí desearía es que Duque se pusiera los pantalones de mandatario serio de una buena vez y se corte el cordón umbilical, tal como hizo Santos al llegar al poder. Eso no es traición: es sentido democrático común.
Pero sé que esos son delirios febriles de los que realmente creen que alguien sin influencia política, experiencia ni voluntad podría ser capaz de hacer a un lado al hombre que lo puso en la Casa de Nariño. Cuando menos, entonces, lo que puedo hacer es señalar los errores y desaciertos en los que incurra a lo largo de estos cuatro años. Esa debería ser la labor de todos los colombianos.

Adenda 1: no, “presidente” Duque: uno no puede cambiar las reglas del juego y pedir la entrega de la mesa directiva del grupo subversivo con el que se negocia una salida al conflicto armado al país garante de diálogos. El ELN no sólo entabló diálogos y estableció protocolos de ruptura de los mismos con el gobierno Santos, sino también con el Estado colombiano, y este va por encima del gobierno de turno (y no es como que la muy comunista Cuba pretendiera entregarlos en cualquier caso). No conozco bien el asidero legal al respecto, pero al menos éticamente sería reprochable. Eso no quita responsabilidad a la guerrilla por su falta de disposición, cinismo y soberbia al cometer atentados mientras se encuentran dialogando, si en efecto son responsables.

Adenda 2: muy acertada la editorial del viernes en El Espectador al calificar el trino de Álvaro Uribe al conocerse los atentados como “una reacción de absoluta irresponsabilidad”. El senador está muy acostumbrado a ser el buitre que va por la carroña cada vez que hay una tragedia, encajando perfectamente en la definición de miserable que dio el comediante Iván Marín en un melancólico video que compartió en su página de Facebook.

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