Ineptos a la cacerola

Introducción

Ya era tiempo de dejar de ver las chanclas al lado de la cama y ponérselas para salir. Desde el 21 de noviembre, Colombia se sumó a la serie de manifestaciones sociales en América Latina contra los problemas socioeconómicos en diferentes países. Hay marchas, un paro que se mantiene de forma indefinida, y aunque Iván Duque ha intentado controlar la situación con propuestas famélicas, lo cierto es que se le explotó la pitadora, y no tiene ni una cucharita de café para recoger los fríjoles.

A un mes de iniciadas las protestas (he tenido que esperar mucho para escribir sobre ello por factores ajenos a mi control), hay mucho ya que comentar al respecto, pues como ha sido usual en nuestros países el gobierno ha tratado de exculparse de cualquier forma, pintando gigantes sobre molinos de viento, mientras las fuerzas del orden público se prestan a abusos que ya han cobrado algunas víctimas. Tal como destacó Josué Aguirre en un reciente video de su canal Monitor fantasma –que, a mi juicio, se dejó por fuera muchas cosas sobre las razones de las marchas, aunque quizás por enfocar como fuente al Comité del Paro-, el caso de Colombia guarda muchas similitudes con las protestas en Chile, que a más de 40 días siguen sin un final cercano en el horizonte. Por ello, trataré de seguir la misma estructura de la entrada que escribí al respecto: un resumen de lo que ha pasado hasta ahora, explicación de lo que llevó a este estallido social, los excesos durante las manifestaciones, la pendeja reacción del gobierno y la represión. Acompáñenme a ver esta triste historia.

La historia de esta historia

A finales de octubre y principios de noviembre ocurrieron varios asesinatos en el Cauca, entre ellos de cinco indígenas nasa. Esto puso de nuevo sobre la mesa la grave situación de orden público que atraviesa el departamento por el conflicto entre grupos criminales desde hace años. A la incapacidad percibida de Duque para responder a esta problemática se sumó el escándalo durante la moción de censura al ahora ex Ministro de Defensa, Guillermo Botero, donde se reveló que en un bombardeo realizado en agosto en el Caguán al campamento de una disidencia de las FARC, y que el subpresidente presentó como “un operativo impecable”, murieron al menos ocho menores de edad (según testimonios de la gente del sector, podrían ser hasta 18). Botero tuvo que renunciar en medio de una gestión incompetente e indolente durante su paso por Defensa, y el posterior homenaje que le hizo Duque y las miserables justificaciones de miembros del uribismo sólo ayudaron a caldear más los ánimos.

Por estos motivos, varios sectores en redes sociales empezaron a convocar un paro nacional el 21 de noviembre, al cual se fueron sumando distintos medios y sindicatos, con sus propias razones para estar descontentos con la pobre gestión del gobierno actual, todo mientras este seguía la noble costumbre que Gabo describía como “desmentir la verdad con la retórica”, culpando a agentes externos de incentivar el paro con mentiras. Todo esto ya lo comenté en una entrada anterior donde les había adelantado que hay varios motivos para protestar en contra del subdesgobierno de Iván Duque, así que eso lo profundizaré en el siguiente apartado. En todo caso, la estrategia de Duque fracasó, y el 21 Colombia salió a marchar a las calles.

La acogida ha sido sorprendente, en especial considerando que nuestro país no veía un paro nacional desde 1977, ni marchas tan masivas a nivel nacional desde las realizadas en 2008 contra las FARC (respaldadas, además, por el uribismo). Miles salieron a las calles, y enfocándose en general en la protesta pacífica, incluso rechazando la presencia de encapuchados en varias ciudades. Y en las noches, de forma inédita en el país, se han manifestado cacerolazos como una forma de protesta “silenciosa” ante el actual gobierno.

Por desgracia, como siempre la fuerza pública estuvo del lado de los abusos (alimentados además por toques de queda en Bogotá y Cali), y el viernes y sábado se presentaron roces violentos en ciudades como Bogotá y Neiva, dejando varios heridos y víctimas en casos lamentables que ya mencionaré más adelante. Además, una oleada de pánico por mensajes que circulaban en Whatsapp, asegurando que había gente metiéndose a conjuntos para robar, desequilibró a Cali y sectores de Bogotá, dándose algunos casos reales de asaltos y saqueos.

De momento, las protestas se mantienen, y aunque se ha ido apaciguando la situación por el fin de año, todo indica que estrenaremos el 2020 con protestas. A Bogotá llegó, en medio de la lluvia, la Guardia Indígena, tomada como un símbolo de resistencia ante la grave situación nacional, y a pesar de que Tocineto y su vicesubpresidenta (¿o subvicepresidenta?), Marta Lucía Ramírez, se han enfocado en los brotes de violencia surgidos dentro de las protestas (respaldados, por supuesto, por los grandes medios), y aseguran que todo es impulsado por el Foro de São Paulo y Gustavo Petro para desestabilizar al gobierno de turno, parecen haber encontrado una fórmula más efectiva para capotear el vendaval: una “Conversación Nacional” que de momento no flexibiliza su postura con los representantes del paro. Por ello, la lucha sigue.

Más que 19 años perdidos

Hay que admitir que la gota que rebasó la copa fue la crisis de orden público en el Cauca y la revelación sobre el bombardeo de agosto en el Caguán, puesto que dejó más en evidencia los extremos rastreros de Duque y el partido de gobierno para rechazar o ignorar de plano las constantes denuncias sobre los casos de falsos positivos que nuevamente salpican al Ejército, siendo el más emblemático el caso de Dimar Torres, el eje principal de la moción de censura que hizo huir a Botero de Mindefensa (caso por el cual acaba de ser condenado el cabo responsable del homicidio a 20 años, pero donde los autores intelectuales ni siquiera tienen un proceso abierto). No obstante, tal como mencioné al principio, no tardaron en sumarse muchos otros problemas que reflejan el descontento social ante la desigualdad y la incertidumbre ante el futuro en Colombia.

Para muchos de los que no son colombianos, es sorprendente tanto el nivel de las protestas en Colombia como la situación socioeconómica del país. Eso es de esperarse en cierta forma, puesto que, como apunta Inna Afinogenova en el canal Ahí les Va: “Durante años, en los grandes medios colombianos e internacionales nos acostumbraron a tantas noticias sobre el conflicto armado, y en comparación tan pocas sobre su realidad social, que muchos terminaron creyéndose que la actividad guerrillera era, no ya el principal, sino el único problema de Colombia”. Tal como ocurrió en Chile, con diferencias en los enfoques de modelo económica, había varias grietas en el país que no se perciben a simple vista porque la economía se encuentra en crecimiento a pesar de todo.

Para empezar, a pesar de que el PIB colombiano ha crecido, el desempleo lo ha hecho también. Tan solo este octubre la tasa llegó a un 9,8%, 0,7 puntos por encima del año pasado, con lo cual ya casi 2 millones y medio de colombianos se encuentran sin trabajo, a pesar del repetido sofisma de que aliviar la carga impositiva de las grandes empresas fortalecería el mercado laboral. Además la devaluación de nuestra moneda frente al dólar, ya por encima de la barrera de los $3.522 (y que según la brillante frente-¡perdón!, la brillante mente de Bernal, es culpa de Petro), significa que nuestro salario mínimo ($828.116 pesos = $236 dólares) ya ha perdido un poder adquisitivo de unos $130.000 pesos a pesar de su aumento en comparación con el año pasado –una familia colombiana de cuatro personas necesitaría cuatro salarios mínimos para cubrir la canasta básica mensual-, y eso sin contar que el 44% de los trabajadores en Colombia gana menos de ese salario-mínimo. Finalmente, y por mucho que Duque y Uribe lo estuvieron negando, hay en proceso una reforma laboral y pensional, cuyas propuestas como el cambio en el régimen de pensiones de prima media, el salario diferencial a nivel regional y entre jóvenes, y las contrataciones por hora, son medidas que pauperizan la situación de empleo y el justo salario que cada persona merece.

La educación y la salud tampoco son una maravilla. Menos de la mitad de los estudiantes de secundaria culminan sus estudios, y aún menos pueden llegar siquiera a la universidad, ya no digamos terminarla. En cuanto a la salud, la condición de muchas entidades es paupérrima, no hay una cobertura adecuada, los tiempos de espera para asignación de una cita son atroces, y reza porque encuentres los medicamentos que necesitas, al punto que al menos el 80% de las tutelas registradas en Colombia se relacionan con la salud. Para que se pinten la escena, mi hermana está esperando desde mayo que le asignen un otorrinolaringólogo para una cita médica en la EPS. Desde. Mayo. Dejo a su imaginación si de una cita para quimioterapia se tratase. Ah, cierto: que muchas veces sí se trata de eso también.

Como notarán, en verdad hay muchas similitudes con el caso chileno: la raíz de fondo de la indignación nacional es la desigualdad rampante a nivel social y económico que viene desde tiempos atrás: en Chile, al menos desde la dictadura de Augusto Pinochet, cuyo modelo económico palió algunos problemas, pero ensalzó otros; y en Colombia, desde al menos unos 70 años, después que el Bogotazo generara una ola de violencia que produjo conflictos sociopolíticos a nivel rural que serían el germen de las guerrillas que nos han asolado por más de medio siglo. No obstante, hay detalles particulares en cada caso. Los chilenos viven con una economía monetarista de libre mercado que ha ido incorporando la mayor parte de bienes y servicios al sector privado, al punto que el Estado tiene muy poco poder sobre esos servicios. En Colombia, por el contrario, se da un régimen compartido de servicios privados y públicos, y aunque unos y otros tienen sus ventajas (como la estratificación en la tarifa de servicios públicos, cosa que ni soñarían los gobiernos chilenos), también hay importantes deficiencias en su ejecución (véase cómo intentan salvar a ese adefesio de Electricaribe con un impuesto extra al resto del país).

Así que, tal como en el caso de Chile, en Colombia estaban dados todos los ingredientes para generar este cóctel explosivo. La diferencia es que, debido al conflicto armado, por décadas nuestros gobernantes dedicaron esfuerzo y charlatanería en pintar a la guerrilla y los paramilitares como la principal fuente de nuestras desgracias, tapando no sólo la desigualdad sino también la corrupción, y al desmovilizarse la principal fuerza subversiva, las FARC, quedó en evidencia el nivel de putrefacción en el sistema. Duque ha intentado por todos los medios, al desatender el cumplimiento del acuerdo de paz, regresar el conflicto armado a su vieja posición, pero la gente no es tan estúpida –énfasis en “tan”-, y no se ha dejado meter los dedos a la boca después de años de expectativas frustradas.

Los teléfonos rotos

Durante las protestas también ha habido vandalismo. Esto es usual, aunque no por ello menos reprochable, y hay que destacar que, a diferencia del caso chileno, no han ocurrido casos extremos como los incendios en Concepción o la destrucción de algunas líneas del Metro: de hecho, los mismos manifestantes se procuraron proteger el Metro de Medellín. No obstante, tanto el gobierno como los grandes medios de comunicación se han dedicado a enfocar su atención en englobar los escasos –y créanme, en comparación con lo que he visto acá en Chile, escasos- vandalismos como si fueran el principal problema del paro. Así que no demoraré mucho en este ítem.

Sí: siempre hay personas del común que recurren a destruir los bienes públicos y privados (el patético caso de “Epa Colombia” es un ejemplo extremo, pero real: hay gente que cree que esa es una forma legítima de protestar). Sí: también es seguro que muchos de los encapuchados que incitan a la violencia dentro de algunas marchas o atacan servicios de transporte no son más que infiltrados de la fuerza pública: recordemos que algunos encapuchados fueron expulsados de una marcha del cuando se identificaron como miembros de la Policía vestidos de civil, y sin dar una mejor explicación que “garantizar la seguridad de los manifestantes”, como si no pudieran hacerlo con su uniforme. Ningún acto de destrucción se justifica. Y ya sé que valen más las vidas que se pierden que las cosas que se destruyen, pero eso no hace que atacar una tienda o una estación de Transmilenio sirva para la lucha: antes sólo le dan argumentos a los idiotas del gobierno, que fingen apertura al diálogo mientras estigmatizan las marchas, como veremos más adelante.

Un episodio particular, que da cuenta de los extremos a los que se han llegado para satanizar las manifestaciones de estos días fue la oleada de pánico colectivo en Cali y Bogotá por cuenta de unos mensajes y audios de Whatsapp. Durante las noches del 21 y 22, a partir de los toques de queda, empezaron a circular rumores en la red social de que estaban ocurriendo asaltos en masa a conjuntos residenciales, causando que montones de personas salieran a proteger sus barrios con palos y cuchillos, llegando incluso a ocurrir incidentes con heridos. Sin embargo, al cesar la horrible noche resultó que no se pudo comprobar que de verdad hubiera ocurrido alguno de los robos masivos que se habían descrito en Whatsapp (siendo francos, un conjunto sería de los últimos lugares a los que se metería un ladrón, debido a la seguridad con la que suelen contar), por lo cual la Policía está ahora mismo tratando de encontrar a los responsables de los mensajes.

¿Y ahora qué hacemos, viejo?

Desde antes del 21, el gobierno se dedicó a responder de la manera que lo ha venido haciendo siempre en estos quince meses: de espaldas a la realidad, tapándose los oídos y tatareando El negrito del batey. El subpresidente se la pasó asegurando que el paro estaba siendo promovido a partir de “mentiras”, a pesar de que desde tomar el poder estaban anunciando las reformas que después quiso negar, como la reforma pensional y cambios en la contratación laboral, y con los enfrentamientos entre ministros, los espectáculos patéticos de Pacho Santos en la embajada, y el nombramiento del censurador Juan Pablo Bieri como asesor de comunicaciones de la Presidencia, Tocineto se dedicó a escupirle en la cara a sus críticos.

Ya en la noche del 21y el 22 se notó que estaba haciéndose el sordo con los reclamos de la gente, pues no sólo se centró en las escasas muestras de vandalismo, sino que además presentó una propuesta difusa sobre una “conversación nacional”, y una serie de declaraciones que son los típicos lugares comunes de los discursos presidenciales ante las críticas, sin ofrecer ninguna señal de haber entendido las razones de la protesta ni una solución concreta. De hecho, su empeño en pasar propuestas muy impopulares e ineficientes como la creación del Grupo Bicentenario, un holding financiero para agrupar a 18 compañías financieras del Estado como el Icetex y el Fondo Nacional del Ahorro, y la nefasta reforma tributaria, antes renombrada de forma eufemística como Ley de Financiamiento, y ahora Ley de Crecimiento Económico, sólo sirvieron para avivar la indignación de los sindicatos y organizaciones dentro del paro, dejando la sensación de una absoluta ausencia de gobierno que no se tenía desde los peores años de Andrés Pastrana.

Por supuesto, mientras Duque empezaba a preparar sus maniobras de dilatación para desgastar el paro, su partido y los miembros del subgobierno como Marta Lucía siguieron insistiendo en que no había razones para un paro, y que todo eran puras mentiras (curioso que nunca hayan reconocido esas tácticas asquerosas cuando ellos sí las usaban de verdad). El mismo Duque, en una entrevista con su cuñado en Blu Radio, acusó sin “nombrecito” a Gustavo Petro de ser el “pirómano” detrás del paro, buscando conseguir con violencia “lo que no ganó en las urnas”. La subvicepresidenta (¿o vicesubpresidenta?), por su parte, manifestó en una rueda de prensa, a propósito de resucitar la tenebrosa sugerencia del ex Mindefensa Botero de regular la protesta social: “Buena parte de esos encapuchados tienen que de los encapuchados que nos han mandado desde Venezuela, porque esos no son los estudiantes colombianos y salen a destruir el Icetex, que es una entidad que está haciendo todo el esfuerzo por reducir al mínimo el costo de la financiación de la educación” -traten de no reírse con la descripción del Icetex, por favor-.

Finalmente, según el director de la Policía General, Óscar Atehortúa, algunos de esos encapuchados “son personas que reciben hasta 6 millones de pesos diarios”. O sea, según esas cuentas alegres, hay encapuchados que en estas dos semanas de paro ya se han ganado un sueldo mejor que el del Presidente. Lógico, ¿no? Y ojo, que yo estoy seguro que habrán elementos dentro de las protestas que tienen vínculos con grupos guerrilleros como el ELN (como pasa con organizaciones estudiantiles en muchas universidades del país), pero ni esos componen la mayor parte de las manifestaciones en el país, ni componen seguro todos los pocos actos de vandalismo que se han presentado. Y dudo mucho que reciban seis millones de pesos a diario.

En cuanto a Lord Petrosky… Ufff… Miren, no engaño a nadie si digo que Petro no es mi dulce de tamarindo preferido. No: por momentos es incluso insoportable, en especial en Twitter, donde con cada noticia falsa y cada publicación mal formulada no debería ni tener pulgares. Y no es descabellado sugerir que está intentando sacar capital político de la actual coyuntura: aquí todos los líderes políticos piensan en la Casa de Nariño cinco años antes de las elecciones (excepto tal vez Fajardo, que con lo esquivo que estuvo a las marchas antes del paro del 4 de diciembre, enfermo o no, parece querer que lo saquen a patadas del futuro), y Petro por supuesto lo hace. Sin embargo, la realidad es que las razones de las manifestaciones van mucho más allá de las ideas de Petro, pues son deudas históricas que se tienen con la sociedad, y preocupación ante la ineptidud del gobierno actual, cosas que no hace falta ser de izquierda o derecha para exigir.

Por otro lado, los mismos manifestantes quieren evitar que los políticos se adueñen del movimiento: bien si Petro o Fajardo quieren sumarse a marchar, pero ellos no son los líderes ni controlan el movimiento. Y algo que hay que reconocerle a Petro es que ha sabido leer esta decisión, pues dio órdenes a los miembros de Colombia Humana de no hacer parte de la dirección en los colectivos que agrupan a las organizaciones del paro. La excusa de hacer culpable a un solo político, que si de verdad tuviera semejante poder habría arrasado en la primera vuelta presidencial sin sudar una gota (cosa que ni Tocineto, con el respaldo de un fenómeno político como Uribe y posibles fraudes a su favor, logró hacer), no resiste un análisis crítico serio.

Y no podíamos dejar de mencionar al insoportable Andrés Pastrana, que no ha tenido ni una pizca de dignidad para mantener la boca cerrada después de su pésimo gobierno (el peor de la Constitución del 91 hasta ahora, aunque Duque le va pisando los talones), al vociferar que el expresidente Juan Manuel Santos está conspirando para darle un golpe de Estado a Duque. La sola idea es tan ridícula, sin pies ni cabeza, que uno no puede menos que reírse de los exabruptos de Pastrana. Me sumo a lo que piden muchos: así como Santos tiene que ir a explicar el papel de Odebrecht en su campaña de reelección, Pastrana debería estar más bien explicando cuál fue su relación con el pederasta Jeffrey Epstein, y si es inocente con respecto al llamado “Lolita Express”.

Sería bueno que las demás respuestas del gobierno fueran así de irrisorias y patéticas. Por desgracia no es así: de hecho, una de ellas ha sido de un consistente abuso que ya genera incluso terror.

Bestialidades

La actuación de la fuerza pública ha sido, como era de esperarse, desproporcionada, y aunque no ha llegado a los niveles de violencia sangrienta del caso chileno, ya han generado enormes discusiones sobre el papel de la Policía a la hora de limitar las protestas y el futuro del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el controvertido ESMAD. Dos casos, en particular, sirven como ejemplo del abuso policial a la hora de lidiar con lo que en una amplia mayoría han sido protestas pacíficas.

El primero ya ha sido tan comentado en este tiempo que es difícil ampliar mucho. El sábado 23, el ESMAD disolvió a la fuerza una marcha pacífica. Durante el conflicto, un agente disparó al joven Dilan Cruz, de 18 años, quien falleció la noche del 25 a causa de lesiones en el encéfalo debido a que el proyectil utilizado, una bean bag (munición con un pequeño saco lleno de perdigones en la punta), el cual ha sido calificado como probable responsable de los cientos de graves lesiones oculares contra los manifestantes en Chile, se reventó tras el impacto, en un caso que Medicina Legal calificó como homicidio. Este lamentable episodio generó una serie de preguntas sobre la legitimidad del despliegue del escuadrón ante lo que era, obviamente, una marcha pacífica, y en un todo puso de nuevo sobre la mesa el debate de las constantes violaciones del ESMAD a los derechos humanos, pues aunque se ha intentado por todos los medios lavar la imagen del agente que disparó a Dilan, todas las evidencias audiovisuales y de análisis de Medicina Legal demuestran que se violaron todos los protocolos a la hora de intervenir contra el manifestante. Señores, le disparó directo a la cabeza. ¿De verdad alguno quiere hacer creer que fue una reacción proporcionada?

Ah, por supuesto: los uribistas. Desde el primer momento se dedicaron a decir que era culpa de la familia de Dilan por dejarlo marchar, que el agente actuó en legítimo uso de la fuerza contra un vándalo, hicieron publicaciones falsas sobre el muchacho… El modus operandi usual cuando defienden a capa y espada a la fuerza pública, tal como hicieron en los primeros días al justificar la brutal patada que recibió una joven en la cara durante una manifestación. De momento, el agente responsable por la muerte de Dilan será trasladado a la Justicia Penal Militar, que investigará su caso, y aunque los argumentos del Consejo Superior de la Judicatura para esta decisión parecen sólidos, la familia de Dilan teme, no sin justa razón, que esto conllevará a una sentencia mucho más leve o incluso la exoneración del miembro del ESMAD. Y por supuesto, haciendo gala de su brillante incompetencia y falsa de sentido político, Duque no sólo se reunió con el equipo especial para manifestarles su apoyo, sino que además tomó la reciente decisión de fortalecer a la entidad, completamente ajeno a las críticas que han suscitado sus acciones; mientras tanto Trujillo aseguró que miembros de la contraguerrilla harán parte también del ESMAD, lo cual podría incrementar la proclividad del cuerpo a sobrepasar la proporcionalidad de sus respuestas.

Por otro lado, otro episodio indignante fue cuando agentes del ESMAD detuvieron a una pareja en Bogotá cerca de una manifestación, y los subieron a coches particulares sin ningún distintivo del cuerpo policial. Ante la persecución de los testigos, a la mujer la soltaron a los pocos minutos, mientras que a su pareja la trasladaron a un CAI. El caso es vergonzoso y terrorífico, pues quedó como un retrato de secuestro que recordó a épocas más violentas en el país. Aún peor fue la descarada respuesta del comandante de Policía de Bogotá, Hoover Penilla (que en este mes ha mostrado tener un talante repulsivo en cuanto a las protestas), quien aseguró que los vehículos hacen parte de la institución, y que el único error del procedimiento fue haber soltado a la mujer ante la presión ciudadana, pidiendo además a la opinión pública que “no cuestionen todo lo que hace la Policía”.

No sé si Penilla se ha enterado, pero la esencia de una democracia es en efecto cuestionar a las instituciones cuando realizan acciones criticables, y hay mucho que cuestionar de un procedimiento donde la fuerza pública priva a dos personas de la libertas en vehículos particulares. La Policía debe actuar todo el tiempo con transparencia, no de manera furtiva como si se trata de la Securitate de Ceaucescu. Eso no inspira confianza, mucho menos en un país con altos niveles de inseguridad y muchos casos de abuso y crímenes por parte de elementos del Ejército y la misma Policía. Esa actitud canchera de “a mí no me cuestionen” es inaceptable por parte de un servidor público. No puede ser que el gobierno esté dejando pasar tan a la ligera comportamientos que rayan en la ilegalidad y la represión censora, en una reedición del tenebroso Estatuto de Seguridad del gobierno de “el más bruto de los presidentes” (como suele llamarlo mi papá), Julio César Turbay.

Le dicen “el avestruz”

La dichosa “Conversación Nacional” con Duque empezó sin tener las ideas claras ni un margen amplio de acción. Aunque el Comité del Paro presentó una serie corta de seis temas principales para reducir la tensión en las calles, el subpresidente dejó claro desde un inicio que algunos de ellos, como retirar la reforma tributaria de su debate en el Congreso, no estarían en la mesa. Y mientras tanto, decisiones como reducir la protección a especies de flora amenazadas y el avance de la reforma laboral, la tributaria y la polémica Ley Arias, así como la mezquindad de la Mininterior, Nancy Patricia Gutiérrez, con sus despectivos trinos de #NoPudieron sobre los manifestantes, evidencian que al gobierno le importa un soberano huevo los reclamos populares.

Tampoco es como que el Comité haya hecho bien su trabajo, pues se enfrascaron en discusiones sobre si levantarse o no de la mesa luego de las declaraciones sobre la muerte de Dilan Cruz o el avance de las reformas horribles en el Congreso (problema comprensible, teniendo en cuenta los distintos componentes y propósitos de los promotores del paro, que van más allá del Comité mismo), y encima empezaron a prestar oídos a distintas voces que ofrecían diferentes propuestas, cada una menos seria y segura que la anterior, como el eterno sonsonete de una Constituyente del seminefasto Gustavo Bolívar. Terminaron cayendo víctimas de su propia trampa al presentar el pasado jueves 19 un pliego de 104 peticiones dentro de un eje de 13 propuestas, lo cual ha sido duramente criticado incluso por sectores afines al paro por abarcar sandeces irrealizables e imposibles de cumplir por el gobierno, incrementando así la sensación de desorden en las mesas de diálogo y el desespero de los manifestantes.

Para rematar, después de una veloz votación en el Senado, el viernes nos levantamos con la noticia de que en plena madrugada, la Cámara de Representantes aprobó la reforma tributaria, que busca recaudar $158 billones de pesos para el próximo año y contentar a la gente con pendejadas como la devolución del IVA a los más pobres y tres días al año sin este impuesto, mientras que redujo la carta tributaria a las empresas, además de crear un fondo para salvar ese esperpento llamado Electricaribe que en la Costa nos tiene jodidos. No pude evitar pensar en la tala masiva de árboles en las avenidas de Santa Marta durante la administración Caicedo, realizada de noche como si se tratara de delincuentes furtivos, y esa ha sido la percepción general en el país, incrementando la indignación popular al darse cuenta que ni las marchas, ni los paros, ni el dichoso Comité han podido sacarle el cerumen de las orejas al gobierno ni desenterrarle la cabeza a Duque del piso.

No es de sorprender, pues, que en las encuestas más recientes Duque y su titiritero se encuentren ya en el 70% y 69% de desaprobación respectivamente. Es evidente que ya no es cosa sólo de opositores, sino también de quienes votaron por él: Duque ha demostrado una incompetencia y una desconexión con la realidad que son insultantes. Nadie tolera ya eso, y una difusa mención a un supuesto atentado en contra del subpresidente, que algunos ven como otro típico recurso para aumentar la simpatía de la gente, sirve de poco.

Conclusiones

Creo que lo único que podemos esperar a estas alturas es seguir marchando, por más que el gobierno prefiera hacer de cuenta que le tachonaron los oídos a la Vic Rattlehead. Hemos comprendido que las protestas son más que una pataleta de mamertos resentidos o la herramienta de guerrilleros, como han sido estigmatizadas siempre en Colombia. Son la expresión legítima de inconformidad del pueblo.

Y por supuesto, me alegra que los hechos violentos y actos de vandalismo se hayan mantenido al mínimo, a diferencia de Chile, evitando que se empañe el asunto con arenques rojos que desvíen la discusión sobre las problemáticas de fondo. Sin embargo, creo que el fin de año está haciendo que se relaje la presión, y ante los bofetones del gobierno al aprobar reformas nocivas y la incapacidad del Comité para hacer valer su voz, hay que apretar los torniquetes. Saludos.

P.D. Aún no recibo mi cheque del Foro de São Paulo. Creo que tendré que ponerme la máscara de esqueleto y salir a protestar “simbólicamente” en Valdivia para poder cobrarme unos cuantos pesitos.

Adenda: recientemente se descubrió en Dabeiba, Antioquia, gracias a las declaraciones de un oficial del Ejército en la JEP, una fosa común con unos 50 cuerpos de personas asesinadas por casos de “falsos positivos”. Las evidencias sugieren que podría haber decenas de otras fosas similares a lo largo del país, y que hay miles de otros asesinados que ni hacen parte siquiera de los cálculos de víctimas por este atroz crimen de Estado de la era Uribe. ¿Entienden por qué hicieron hasta lo imposible para acabar con la JEP?