El aprendiz intrascendente

Introducción

El pasado 7 de agosto se cumplieron 200 años de la Batalla de Boyacá, esa que si bien no fue ni tan gloriosa ni sangrienta como el choque en el Puente de Gámeza o el Pantano de Vargas –me gusta resaltar esto porque son batallas menos destacadas, pero fundamentales para el triunfo en Boyacá-, dio la estocada fundamental para la independencia de la mayor parte de Nueva Granada -hay un debate en torno a la liberación de las últimas ciudades en el Caribe-. Al mismo tiempo se cumplió el primer año de “gobierno” de Iván Duque, el 60º “Presidente” de Colombia. Y tal como ya temían muchos, aunque su submandato ha tenido diferentes aciertos, no ha dado ese respiro de salvación que esperaban muchos colombianos, y a día de hoy sigue sin un rumbo claro.

En retrospectiva, no es tan sorprendente. A inicios de año escribí una entrada resumiendo los, llamémosles, antilogros del subpresidente Tocineto, lamentando mi falta de previsión con respecto a la velocidad con la que gobiernos reaccionaros puede dar al traste con varias aristas del país. Los meses restantes se han mantenido, por desgracia, dentro de lo que ya veíamos en ese momento: lo sorpresivo e indignante es que en un año se haya llegado tan lejos en incompetencia.

Intentaré mantener, a semejanza del análisis anterior, un orden sobre las principales dudas y temas que se pueden tener sobre la subgestión de Duque: su nivel de “independencia” con respecto a su mentor, sus alcances a nivel económico, su relación con el sector educativo, cómo maneja la corrupción, la libertad de expresión en estos tiempos, qué tanto ha recrudecido o disminuido la violencia, y otros temas. Iré enumerando no sólo las falencias de su primer año, sino también los últimos problemas que han surgido en este mes.

Independencia: como dije la vez pasada, este es un punto que le importa muy poco a las toldas uribistas, pues para ellos no sirve en la Presidencia alguien que no esté 100% de acuerdo con lo que propone Álvaro Uribe. Recordemos lo mucho que les dolió cuando Santos aprovechó sus propias relaciones políticas para desligarse del uribismo y montar sus propias políticas, incluyendo el acuerdo de paz con las FARC. De ahí que tantos desconfiaran en la elección como candidato de Duque, un tipo salido de la nada que acomodó sus posturas políticas en temas de economía y derechos a los del senador, y que otros tantos confiaran en que su falta de experiencia y bagaje político fueran garantías de completa fidelidad a Uribe.

Y bueno, el tiempo les ha dado la razón a los segundos, pues fuera de una que otra escaramuza con el “Centro” dizque Democrático, Duque ha respaldado con firmeza las ideas políticas de Uribe. De hecho, fue muy importante un artículo publicado en The Economist el pasado junio, donde resaltan los pocos avances del subpresidente en materia del acuerdo de paz de las FARC (ya volveré pronto a eso), y es claro en que Duque debe limitar su interacción con el líder del uribismo si quiere fortalecer su gobierno. Pero después de ver el colapso de las propuestas de la Consulta Anticorrupción, la estúpida decisión de asumir la deuda con los bancos por el escándalo Odebrecht en la Ruta del Sol y su respaldo irrestricto al ex ministro Andrés Felipe Arias, está más que claro que mucho caso no hizo. No ayuda tampoco que hace poco Uribe dijera durante una entrevista en Blu Radio “soy presidente de Colombia y soy senador”.

Eso sí, aún mantienen esa dinámica del subpresidente ofreciendo un tono conciliador y su partido alborotando el avispero, tal como muestra el nuevo proyecto de Uribe y la despalomada Valencia para crear una sala especial dentro de la JEP que juzgue a la fuerza pública, que a la luz de los hechos es otro de esos desperdicios que buscan encender al sector de la población que rechazó los acuerdos para asegurar votos en las elecciones de octubre.

Economía: uno de los mantras que más se repitieron durante las elecciones fue que debíamos votar por Duque para “no convertirnos en Venezuela”, pues según el entonces candidato las propuestas de Gustavo Petro traerían la miseria del socialismo del siglo XXI a Colombia. Y como a la gente por lo general le importa un comino entregar derechos fundamentales mientras tenga un pan en la mesa, pues empecemos por ver qué fue de ese gran impulso económico que nos profesaban si ganaba el Tocineto.

Bien, de entrada hay que decir que uno de los mayores problemas de Duque es el desempleo: en junio la tasa fue de 9,4%, en comparación con el 9,1% que ostentó en el mismo mes del año pasado, y de acuerdo con el Dane cerca de un millón de puestos de trabajo han desaparecido en el último año, cerrando este segundo trimestre del año con un desempleo en 10,1%. Lo más irónico es que la economía del país no está retrocediendo en crecimiento, aunque no es tampoco algo grande: la producción industrial ha tenido un crecimiento de 3,2%, y el comercio interno ha aumentado, aunque el comercio exterior y el transporte no van muy bien. Por otra parte, aunque del Banco Central de Colombia afirman que no es una cifra para preocuparse, sí reconocen que la inflación se incrementará a una tasa mayor a la meta de reducción al 3% del Gobierno.

Es tal el desconcierto que, de un modo cínico, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, reconoció por sus propias palabras: “yo, personalmente, no entiendo todavía a cabalidad qué es lo que sucedió, ni cuáles son las mejores medidas que podamos tomar para corregir esta dinámica”. ¡Usted es el MinHacienda, señor! ¿En serio cree que una respuesta sobre las causas del desempleo es que ni saben cuáles son ni cómo remediarlos? ¿De verdad nos va a decir que no se le ocurrió que una economía que crece poco en producción no se dará el lujo de generar más puestos de trabajo? Eso explicaría por qué no se dio cuenta de cómo estaba estafando a varios municipios con los dichosos “bonos de agua”. No sorprende, pues, que en una reciente publicación la revista The Economist calificara el primer año de gestión de Duque como “improductivo”, sugiriendo además que es importante hacer un cambio en su gabinete si quiere mayores logros.

Y hay detalles más espinosos al respecto. El portal Bloomberg indicó hace poco que, debido a la grotesca reducción en impuestos a empresas, Minhacienda está incluyendo los ingresos por futura venta de activos como ingreso corriente para alcanzar la meta de déficit en el PIB, lo que deteriora la confianza inversionista, aun cuando Carrasquilla asegura que el Fondo Monetario Internacional permite contar esas privatizaciones como ingresos fiscales. Tal como Salomón Kalmanovitz denunció en su reciente columna en El Espectador, mantener la reducción en los ingresos tributarios obligaría a la larga a un fuerte recorte en inversión pública, así que lo que está haciendo Carrasquilla no es poca cosa.

Ah, ¿y se acuerdan cuando Alberto Bernal decía el año pasado que si Duque ganaba la presidencia, el dólar bajaría incluso por debajo de $2.700? Pues bien, justo este 4 de agosto cerró con un máximo histórico: $3.461, superando el precio de $3.434 que llegó a alcanzar en febrero de 2016; ayer 29, mientras terminaba de escribir este fragmento, está ya en $3.489.Y si bien es cierto que esto es en parte por la pelea que tiene Trump con el gobierno chino, es un hecho que el peso colombiano es, junto al chileno, la divisa más débil de las llamadas economías emergentes. ¿Qué pasó con la confianza que veríamos en la moneda nacional al empezar el gobierno Uribe III?

Para colmo, la bandera del subgobierno de Duque, la tan mentada “economía naranja”, va con las llantas desinfladas en este primer año, con algunos esfuerzos para formar industria cultural, pero sin propuestas reales de una transformación socioeconómica a partir de la cultura, y con una Ministra de Cultura que (para variar) tampoco tiene experiencia en el cargo. Y la dichosa reforma tributaria, que llamó “Ley de Financiamiento” para suavizar el golpe a la Bart al futuro, deja un déficit de 10 billones de pesos que tendrá que cubrirse con la venta de más activos de la Nación, y es muy posible que se requiera una nueva reforma el próximo año. Va a resultar cierto el chiste recurrente de que esa economía naranja se refería en realidad a que con los impuestos vamos a terminar todos exprimidos.

Educación: por este frente no han ocurrido muchos trastornos, pero tampoco han ido las cosas a paso de gacela. Si bien en enero ya les había comentado que el gobierno tuvo que sentarse a negociar con los representantes estudiantiles universitarios después de los dos meses de protesta, tuvieron que pasar seis meses antes de poder llegar entre todas las partes a un acuerdo que se concretó en un Decreto de Registro Calificado que regulara las garantías de calidad de las instituciones de educación superior. Algunos detalles para mí suenan más bien abstractos y generales, y los lectores veteranos del blog sabrán que no soy bueno con ideas abstractas, pero en esencia parece que cubre detalles importantes que buscaban las universidades. Sin embargo, si alguno de los lectores tiene una comprensión más profunda de los alcances y limitaciones al respecto, agradeceré su respuesta en los comentarios.

Eso sí, nos enteramos a finales de julio, a partir de un estudio canadiense, que en Colombia el acceso a educación bilingüe en primaria y secundaria es bastante pobre, y nos localizamos en el puesto 58 de 70 países en el último ranking Pisa. Eso significa que nuestros alumnos llegan al final del bachillerato con deficiencias en áreas del conocimiento que son importantes para desempeñarse en la sociedad. Por supuesto, esto es un problema de los últimos años, así que no es culpa exclusiva de Duque. Pero propuestas al respecto no se han visto de su parte.

Corrupción: recordarán en el pasado resumen que la Consulta Anticorrupción había sido mutilada en el Congreso para restarle poder. Pues bien, en el transcurso de este año fue rematada: todas las propuestas nacidas de la Consulta fueron hundidas en el Congreso a mediados de junio. Sólo la eliminación de la casa por cárcel para corruptos llegó a ser aprobada, pero la falta de conciliación dio con su fin al término del pasado período legislativo, el 20 de junio. Y aunque Duque prometió un nuevo paquete de propuestas para combatir la corrupción para la próxima legislatura, el desgaste generado por este debate y el tiempo perdido que es muy probable que vuelvan a invertir para tratar de reformar la JEP auguran los mismos resultados nefastos. Simplemente, el gobierno no tiene voluntad para actuar.

Ah, pero eso sólo cuando se trata de combatir la corrupción, porque en cuanto a hacerse los tontos con ella son expertos. Prohibido olvidar que tras el episodio en que la JEP rechazó la solicitud de extradición de “Jesús Santrich”, después de la falta de evidencias concretas de actividades delictivas posteriores al acuerdo de paz con las FARC, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez renunció a su cargo, escapándose de forma muy conveniente de las acusaciones en su contra por su relación con el caso Odebrecht, cosa que ya expliqué en enero, y dejando un legado de mediocridad.

¡Aaahhh!

Poco después nos enteramos de un terrible entramado de corrupción dentro de la misma Fiscalía, que involucraba no sólo espionajes ilegales, sino además la alteración de evidencia en investigaciones contra personajes importantes como el mismo Uribe, pues se descubrió que seis audios relacionados con un testigo clave en una denuncia del senador Iván Cepeda fueron manipulados. Todo un escenario muy similar a los escándalos de la era Uribe que provocaron el cierre del DAS, y que tienen a varios “buenos muchachos” del hoy senador condenados. ¿Por qué será que esas acciones corruptas lo benefician siempre a él?

Y hablando de corrupción en esferas del poder, también salió a la luz una red de corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército, la cual estaba siendo investigada por la Fiscalía desde hacía un año, y en la cual el rango de delitos iban desde desviar dinero hasta la venta de permisos de porte armas a grupos criminales. Por estos delitos se emitió orden de captura contra nueve personas, entre los cuales figuraban seis miembros de la unidad, y se destituyó al general Jorge Horacio Romero, quien fue comandante de la Brigada hace un par de años. Por otro lado, cuatro generales más fueron retirados de su cargo y llamados a presentar servicios, entre ellos el segundo comandante del Ejército, Adelmo Fajardo, por denuncias graves de corrupción en cargos pasados y denuncias relacionadas con ejecuciones extrajudiciales. Cabe destacar, eso sí, que estos sucesos ocurrieron en anteriores gobiernos, pero hay dudas sobre lo enterado que estaba el general Nicacio Martínez de las denuncias en el caso de la Cuarta Brigada, lo cual se suma a la lista de cuestionamientos sobre su reciente condecoración.

No podemos olvidarnos tampoco del caso Odebrecht, la novela que en Colombia aún no muestra a sus principales protagonistas. En un giro a todas luces ridículo, el Gobierno decidió en un inicio asumir parte de la deuda (1,2 billones de pesos) con los bancos del consorcio Ruta del Sol 2 tras liquidar el contrato, a pesar de que no se había tomado una decisión judicial al respecto, y de acuerdo con una denuncia en Semana de la columnista María Jimena Duzán, esto era parte de una negociación que Mintransporte estaba haciendo con los bancos de, oh sorpresa, el Grupo Aval, que además era beneficiario de Episol-Corficolombiana, la empresa que firmó el contrato con Odebrecht, puesto que algunos pronosticaban que habría tenido que pagarse hasta 2,6 billones. Por suerte, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio les cerró el paso, determinando que no era responsabilidad del Estado pagar dicha deuda, y que del pago real, 211.000 millones, sólo debía aportar 24.000 millones, deteniendo las ambiciones del conglomerado de Luis Carlos Sarmiento y la insensatez de la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

Y si de culebrones que parecen no tener fin hablamos, no podemos dejar de lado una novela que estrenó una nueva temporada: el caso Agro Ingreso Seguro. Después de años de dilatar el proceso con recursos inútiles y solicitudes de asilo, el ex Ministro de Agricultura de Uribe, Andrés Felipe Arias, fue extraditado a Colombia por un tribunal de Estados Unidos para responder por su sentencia de 17 años por entregar los fondos de AIS a terratenientes y poderosos del campo en Colombia. El gobierno no sólo se ha empeñado en ocultar con falsas pretensiones de respeto todo lo relacionado con su llegada y estadía en prisión, sino que además el Centro –dizque- Democrático radicó la llamada “Ley Arias”, que busca ampliar la segunda instancia para sentencias dictadas por primera vez, sea para aforados y no aforados, lo cual permitiría no sólo la revisión de la sentencia de Uribito, sino que además abriría la puerta para que decenas de congresistas condenados por sus nexos con grupos paramilitares sean aliviados o incluso retirados de prisión.

En otras palabras, los uribistas no tienen problemas en poner el país a arder en su obstinada defensa de Arias, a quien Paloma Valencia volvió a apoyar en una reciente entrevista con Juampis González (una parodia gomela del bogotano clasista de derecha), afirmando que “dar subsidios a quienes tienen plata no es delito”. En serio, es tanto el cinismo que Alejandro Riaño, el comediante detrás de Juampis, parece salirse unos segundos de su personaje antes de retrucar con un comentario ácido.

Libertad de expresión: algo que se ha visto con cierta preocupación en este año es que, a pesar de denuncias importantes como las mencionadas sobre la Fiscalía y la Cuarta Brigada, la revista Semana parece estar caminando con pies de plomo cerca del subgobierno de Duque. Ya su portada en relación al primer año de gobierno causó mucho malestar entre sus lectores por referirse a este como un “año de aprendizaje”, aun cuando resaltaba que el Tocineto no tiene mucho que mostrar tras 365 días en el solio de Bolívar, y su tratamiento de los “logros” dan evidencia de un menor alcance crítico para cuestionar el regreso del uribismo al poder en comparación con otras épocas. Si en los últimos años de Santos ya se sentía que la revista estaba acomodándose un poco con la gestión de Chucky, resumir a “aprendizaje” la pésima labor de Duque es casi una burla a la objetividad periodística.

Enfatizando en esto último, ¿recuerdan el caso de Daniel Coronell? Lo mencioné de paso en una anterior entrada sobre la vacunación obligatoria, pero ampliemos aquí. A mediados de mayo, el New York Times denunció en un artículo unas nuevas directivas del Ejército que podrían revivir el caso de los “falsos positivos”, y al poco tiempo La Silla Vacía publicó que Semana tenía en su poder esa misma investigación desde abril, pero que tras una reunión con representantes del Gobierno decidieron no publicarla, y ante la espera y temor las fuentes consultadas buscaron a Nick Casey, columnista del NYT, para que publicara las denuncias. Esto provocó que Coronell publicara en Semana una columna titulada “La explicación pendiente”, en la cual consideraba insuficientes los argumentos de la revista para su proceder.

La respuesta fue tan sorpresiva como criticada: Felipe López, fundador y accionista de Semana, le comunicó a Coronell que su espacio en la revista no continuaría a raíz de la mencionada columna. La estupidez de la decisión fue a todas luces evidente, no sólo pasando por encima de la libertad que debe tener un periodista para cuestionar al medio que le da espacio, sino además insultando la inteligencia de los lectores con una posterior editorial tan farsante como torpe. Al mismo tiempo, en un acto que más parecía de lambonería o terror por su espacio que de objetividad, los columnistas Duzán y Caballero tildaron a Coronell de “arrogante” por pedir explicaciones a Semana; sólo Daniel Samper, que por lo general se limita a columnas satíricas, criticó directamente a la revista por despedirlo.

Después de un fuerte movimiento en redes sociales para cancelar las suscripciones a la revista y dejar de seguirla en redes sociales, los nuevos dueños de Semana, los Gilinski, restituyeron a Coronell en su espacio, dos semanas después de lo ocurrido. Aun a pesar de esto, las últimas publicaciones de la revista y su tratamiento del primer año de Duque sugieren que están tomando un enfoque tibio para cuestionar la gestión de Uribe III, lo que se refuerza también con la salida del columnista en línea Joaquín Robles Zabala, duro crítico del uribismo, tras  una publicación de fuertes palabras. Admito que su estilo en muchas ocasiones no me gustaba, pero el lenguaje no es el tema: es el mensaje que Semana está dejando poco a poco.

Eso sí, a partir de denuncias Semana demostró otra persecución: contrario a lo que Nicacio Martínez decía, sí hubo una cacería destinada no sólo a encontrar a los informantes dentro del Ejército que filtraron la información de las nuevas directrices a los periodistas de Semana y a Casey, sino también para descubrir si se había contado sobre una reunión en enero en Cúcuta, donde el general Diego Villegas habría insinuado la posibilidad de aliarse con Los Pelusos para combatir al ELN.

No olvidemos tampoco que a finales de noviembre, Cine Colombia se metió en un problema porque en un inicio eliminó de su portal la información sobre el documental La negociación, tras las críticas de Uribe y ese esperpento de Fernando Londoño en Twitter por el cuestionamiento que en él se hacía a su imagen, lo cual levantó críticas de censura contra la empresa, aunque después aclaró que no la retirarían de sus salas. Tampoco dejemos de lado la aprobación de la controvertida Ley TIC, la cual hace poco fue demandada ante la Corte Constitucional.

Y encima, para más inri esta semana se reveló que Caracol Radio canceló las columnas de opinión en 6AM Hoy por Hoy –que incluía a Sandra Borda y Yohir Akerman, entre otros-, lo cual provocó la molestia de su director, Gustavo Gómez, quien cuestionó la decisión administrativa mientras destacaba: “Creo firmemente en el mérito de las ideas y en que es con independencia cuando mejor le lucen a una sociedad. El valor de esas opiniones no está en adherirse a ellas, sino en admitirlas.”

Ah, no podemos olvidar tampoco la comentada “jugadita” de Ernesto Macías el pasado 20 de julio, cuando después de la rendición de cuentas del subpresidente en el Congreso hizo que tanto él como sus representantes salieran del recinto, impidiendo así que escuchara la réplica de la oposición, en clara afrenta al estatuto. Aunque Duque quiso minimizar la situación, la Procuraduría decidió llamar al senador a juicio disciplinario para que explicara su actuación, exponiéndose máximo a una inhabilidad de un año para ejercer cargos públicos. No creo que llegue a mucho, la verdad, pero este caso es el perfecto cierre para el que fue uno de los peores presidentes del Congreso en la historia colombiana.

Violencia: los asesinatos a líderes sociales se han mantenido a lo largo de este año. Aunque Duque presentó un informe donde se decía que los asesinatos a este grupo activista se había reducido en un 32% desde que asumió el poder, el director de la división en América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que se trata de una maniobra del gobierno colombiano para congraciarse en el exterior basada en datos apresurados, pues desconocen casi 50 casos en verificación por la ONU, tanto en el primer año de la administración Duque como en los últimos meses del gobierno de Santos, por lo cual a medida que se vayan confirmado esa tal reducción se irá reduciendo en sí misma.

Lo peor es que la Fiscalía sigue afirmando que no hay sistematicidad en los homicidios de líderes sociales, y saca pecho por un patético tercio de los casos resueltos, 177 de los 302 reportados por la ONU, siendo que dentro de esa “resolución” hay apenas 33 sentencias. Menos de un 20% de los casos “resueltos”, y apenas un 11% del total. ¿Eso es un logro? Y el Tocineto ya dijo en una rueda de prensa que es difícil proteger a más de siete millones de líderes sociales. ¿Dónde está entonces su compromiso, si mientras tanto Uribe tiene un esquema de seguridad de decenas de hombres, al igual que el ex fiscal Martínez? ¿Sorprende la manifestación nacional que hubo al respecto, pidiendo más firmeza al gobierno para resolver este problema?

Por otra parte, el temor del regreso de los “falsos positivos” a la dinámica habitual del Ejército no surgió solo por las directivas mencionadas en el apartado anterior, sino también por el sonado caso de Dimar Torres, un excombatiente que fue brutalmente ultrajado y asesinado por soldados, un excombatiente que fue brutalmente ultrajado y asesinado por soldados, los cuales fueron después sorprendidos y grabados por la población cercana cuando intentaban ocultar el cadáver. La respuesta ocultista de los soldados y las declaraciones iniciales del ministro Botero, quien calificó el suceso al principio como “accidental”, provocaron muestras amplias de rechazo y una moción de censura en el Congreso que por desgracia no prosperó.

En un incidente similar, un joven de 16 años murió en extrañas circunstancias en La Lizama, Santander, tras haber agredido con piedras a un soldado e ingresar después al batallón por la fuerza, y con machete en mano. Aunque el muchacho parecía estar bajo efectos de psicoactivos, y por el contexto de la situación se hace un tanto nebuloso si entraba o no como objetivo militar, en un principio se dijo que la muerte fue accidental, causa de un único disparo de advertencia que rebotó en el pavimento y dio contra el muchacho. De nuevo Botero y la Fiscalía respaldaron esta versión. Sin embargo, poco después salió a la luz un video del momento, donde se escucha muchos disparos más, mientras alguien azuza a quien dispara con un “pégueselo, pégueselo”. Al margen de si era o no lícita la respuesta de los soldados, llama la atención la desconexión constante del ministro Botero con los casos que ponen a prueba su cargo y la facilidad con la que los militares jalan el gatillo en hechos complicados. Cada vez es más claro la incompetencia y mala actitud del Ministro de Defensa, y muchos se preguntan qué está esperando Duque para sacarlo del cargo. Quizás el permiso del acudiente…

Los asesinatos de líderes sociales también nos dejan el vergonzoso honor de ser el segundo país donde más asesinan líderes ambientales, con una cifra de 22 de los 164 asesinados alrededor del mundo por defender causas medioambientales (sólo nos supera Filipinas con 30). Y aunque como otros problemas este también cuenta con una responsabilidad parcial de Santos, el informe de Global Witness reconoce que hay limitaciones en la información disponible por amenazas a prensa local y la falta de monitoreo por parte de los gobiernos, por lo cual esas cifras podrían ser incluso mayores, tanto en el año pasado como el siguiente. Y eso incluye Colombia.

Otra cosa que no ha faltado es el populismo punitivo. Después del triste caso de Sharik Buitrago, una niña que fue violada y asesinada en el Guaviare, y cuya fuerte fue muy mediática por haber sido encontrado su cuerpo en una caneca de basura, el subpresidente dijo durante un aniversario de la Fiscalía General que era necesario debatir para aprobar la cadena perpetua para asesinos y violadores de menores de edad, con el clásico pseudoargumento del “castigo ejemplar”. No sería la primera ni la última vez que Duque ha sacado ese discurso populista de cadena perpetua. Incluso se formó una polémica al hacerse pública la renuncia del presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal del gobierno porque desde este último se ignoró un informe analítico sobre la cadena perpetua, que resumía lo que ya sabemos desde hace años sobre la cadena perpetua: no sirve como elemento disuasorio del delito, no resuelve la ineficiencia judicial que permite la altísima impunidad en estos casos, es muy costosa, no ayuda a las víctimas, no contribuye a combatir el silencio y deshumaniza a los victimarios. Todos deberíamos sentir empatía por nuestros menores, y seguro que nos repugnan las violaciones a menores y sus autores, pero las tragedias contra la infancia no pueden ser usadas a la Helena Alegría como trampolín político para crear políticas vengativas y populistas. Eso es incluso más repulsivo.

Para terminar, mientras voy escribiendo esta parte de la entrada (quizás la única ventaja de publicar tan tarde en el mes es que llega mucho material para ir reforzando), nos enteramos que una porción de los ex comandantes de las FARC, que incluyen a alias “Iván Márquez”, “El Paisa” y “Jesús Santrich”, publicaron un video en el monte donde confirman que han vuelto a las armas e iniciarán diálogos con el ELN para aunar fuerzas, en lo que es muy posible que incluyan nuevas acciones delictivas. Un golpe contundente al ya maltratado acuerdo de paz, y un argumento delicioso para los carroñeros del uribismo, quienes en cabeza del rey golero, por supuesto, ya están pidiendo “revisar los acuerdos”. Es un escenario tétrico, pero no podemos ignorar que aún hay miles de excombatientes en las zonas de concentración que siguen apostando al acuerdo, y que la incompetencia de la Fiscalía y la soberbia e incapacidad del Gobierno están poniendo en riesgo su situación, al igual que esos comandantes que jamás, como se temía, tuvieron voluntad de dejar las armas.

Otros: la entrada se hace muy larga, y se hace difícil darle una forma en común a estos otros hechos, así que haremos unos repasos cortos por cada tema.

-Perdimos meses debatiendo inútilmente las objeciones de Tocineto a la JEP, las cuales fueron resueltas por la Corte Constitucional: eran una tontería que ya se había resuelto desde antes. Eso sí, los uribistas no se rinden con querer reformarla, y ahora tendrán más motivos para hacerlo.

-Deja mucho que desear también la gestión ambiental de Duque: a un año no ha habido propuestas concretas para resolver diversos problemas de índole ambiental, y además de los homicidios de líderes preocupa su postura sobre el uso del glifosato para la erradicación (no tanto por su toxicidad como por la torpe metodología de aplicación del gobierno), el fracking y, sobre todo, el gravísimo problema de la deforestación, no ayudado por la patética meta de deforestación del Plan Nacional de Desarrollo: 220.000 hectáreas por año, lo que significa que al final del cuatrienio habremos talado más de seis Bogotás.

-Por otro lado, no todo son malas noticias. Hubo una reducción del 1,2% en las hectáreas de coca sembrada en 2018; muy poco, sí, pero quebró la tendencia al crecimiento exponencial. Eso sí, no solo desacredita un poco la apuesta del gobierno por el glifosato, dado que esto fue gracias a la sustitución voluntaria del acuerdo de paz con las FARC, sino que además deja en evidencia que al gobierno sólo le gusta atacar a Santos cuando les conviene, ya que presentaron este avance como si hubiera sido un logro de Duque.

-Si en enero aún no teníamos claro qué postre le tenía el uribismo a las iglesias que lo apoyaron durante las elecciones, ahora despejamos las dudas. El pasado julio, el subpresidente aprovechó el Día Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos para reunirse con varias iglesias y firmar un acta para analizar la conexión de educación y libertad religiosa, mientras pedía “volver a la conversación de la familia”, lo que se traduce en replantear los alcances en materia de derechos sexuales y reproductivos de gobiernos pasados. Es gracioso en cierta forma: usó el Día Nacional de Libertad Religiosa para poner en peligro la libertad religiosa. Lo que no es tan gracioso es que esto podría abrir las puertas para una eventual injerencia –bueno, mayor injerencia- de las iglesias en la educación pública.

-Otra evidencia del consistente coqueteo del gobierno con la religión fue el centenario de la Coronación de la Virgen del Chiquinquirá, en la cual Duque invitó a todos los colombianos a que “rindamos este homenaje”, y donde afirmó que la Virgen “ha sabido guiar esta Nación en medio de las adversidades para que surja una Colombia de fe”, como si todos los colombianos fuéramos católicos o siquiera creyentes, en un intento vano por aferrarse a la popularidad de un ícono católico ante el desprestigio de su imagen. ¿Hace falta decir que, dado el carácter laico del Estado colombiano y la Constitución de 1991, el presidente no debería hacer estas declaraciones en carácter de primer ciudadano del país?

-Ah, a través de este enlace pueden seguir las horas que han transcurrido desde que el Chonchiken dijo que a Nicolás Maduro le quedaban horas en el poder. Sus intenciones de usar la tragedia venezolana como réditos políticos van sin puerto.

Conclusiones

Como habrán visto, el “año de aprendizaje” de Duque ha salido bastante costoso. Es cierto que varios de los problemas que ha tenido que afrontar el lechón son herencia de los ocho años de Juan Manuel Santos, pero con doce meses calentando la silla de Bolívar ya ha tenido tiempo más que suficiente para tomar medidas y empezar a corregir esos errores. Ya no puede seguir echándole la culpa al anterior gobierno, o quejarse de que el acuerdo de paz con las FARC no venía con instrucciones. Ya no puede seguir pretendiendo que nada de lo que está pasando es culpa suya también.

Hay algo en lo que Semana tiene razón en su cubrimiento del primer año de Duque: aún tiene tres años para enderezar el rumbo. Por desgracia las condiciones no están dadas, tanto por su poco poder dentro del Congreso como por esa pusilanimidad de seguir como tamborilero las directrices de Uribe y el –dizque- Centro –dizque- Democrático. Y con la reciente trastada de los cuatro ex comandantes de las FARC que armaron secesión, recibe irónicamente una bocanada de oxígeno que sólo contribuirá a quemarse él mismo bajo la imagen del “Gran Colombiano”, desesperado este último por conseguir que su mico cilindrero refleje algún atisbo de autoridad, experiencia y respeto de los cuales no se dio cuenta que carecía al escogerlo como sucesor.

A estas alturas, no sé ni qué es lo que quiero que pase con Colombia en los próximos años, pues estamos entre ese deseo de ver que Duque la cague tanto que le cierre la puerta de nuevo al uribismo, y la esperanza de que al menos el país termine menos golpeado, porque después de todo mis seres queridos están viviendo allí. Habrá, cuando menos, que mantenerse vigilante y cuestionar, cuando sea pertinente, las futuras decisiones de un presidente que se antoja intrascendente para la historia del país. Saludos.