Fuerza, Venezuela
Introducción
En estos momentos, una crisis política se encuentra en marcha. Un gobierno autocrático, que ha regido una nación por un cuarto de siglo, se ha proclamado ganador en una contienda electoral sumamente irregular, lo que ha provocado una comprensible reacción de la población. El gobierno ha tomado medidas para reprimir e intimidar a las personas que se enfrentan a semejante arbitrariedad. Y a pesar de ello, existen aún muchas personas en el exterior que son reticentes a señalar esto por lo que es: un fraude electoral, y violaciones serias de derechos humanos.
Contexto. El pasado 28 de julio se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, en medio de presiones y falta de garantías para la oposición. Después de horas de silencio, a medianoche el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador de la contienda al actual “presidente”, Nicolás Maduro, garantizándole un tercer mandato hasta 2031, a pesar de que la tendencia en las encuestas y diferentes predicciones sugerían como ganador al candidato Edmundo González, de la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Entre esta información, las condiciones desiguales en la campaña, y la notable ausencia de muchos observadores internacionales, se ha calificado este resultado como fraude electoral, y las acciones de Maduro desde el domingo no han hecho nada por despejar las sospechas.
Explicar
el panorama actual no debería ser complicado, pero la percepción internacional
y en redes sociales ha estado muy viciada por el partidismo y los sesgos
políticos y nacionalistas. Que la oposición no es más que figurines de Estados
Unidos, que si hace falta un Pinochet para sacar del poder a Maduro, que este
último se va a romper la boca con Elon Musk, que las cuentas que relatan cómo
ha sido vivir y sufrir bajo el régimen no son más que rubitos ojiazules
pagados… Hay una espantosa deshumanización de la situación, y en muchos casos
una indiferencia atroz por parte de personas que, en otros escenarios, han
estado más dispuestos a condenar gobiernos que han realizado actos criminales a
la luz del DIH. Me parece más que necesario, entonces, explicar con detalle lo
que ha pasado en Venezuela, cómo está la situación para el venezolano de a pie,
y qué camino se vislumbra en el horizonte.
Antes
de entrar en detalle, una aclaración. Soy una persona progresista, y un
socialista hoy en día más cercano al anarquismo. Repudio cualquier tipo de
autoritarismo, y por lo mismo, aunque rechazo muchas de las posturas políticas de la oposición, no tengo afecto por el chavismo, y mucho menos simpatía alguna
por la dictadura mal disfrazada de Nicolás Maduro. En cualquier caso, no van a
tener un panfleto ácrata de mi parte en esta entrada, porque no es pertinente al
momento: es la preocupación por la situación del pueblo venezolano y las
amenazas a su ya menguante democracia lo que pretendo que sea mi eje.
El quiebre democrático
Explicar
el contexto histórico de los 25 años de chavismo en Venezuela es algo que
requiere más tiempo del que puedo dedicarle en esta entrada, pero otros han
explicado con detalle y en anterioridad la historia del país vecino desde que
Hugo Chávez subió al poder en 1999; pueden ver este video del canal de
Youtube Memorias de Pez, y estos del canal El
mapa de Sebas. Tampoco creo que muchos ignoren la enorme
migración de venezolanos huyendo del régimen y la miseria económica que ha
enfrentado la región en estos últimos años. En todo caso, intentemos hablar un
poco a detalle de la situación.
Contrario
a lo que he visto comentado en redes en estos días, la industria del petróleo
ya había sido nacionalizada mucho antes del chavismo, en concreto en 1975 por
Carlos Andrés Pérez. Pero los precios del producto bajaron a finales de esa
década, y las medidas de austeridad tomadas por el gobierno golpearon
fuertemente a las clases populares, que de todos modos no habían visto grandes
beneficios de la bonanza del oro negro. El país tuvo que pedir créditos
internacionales, y la deuda externa se incrementó, al tiempo que lo hacía la miseria
y el crimen. En ese contexto es cuando Hugo Chávez, un oficial de Barinas que
había intentado un golpe de Estado en 1992, se presenta a las elecciones en
1998, y logró hacerse con la silla presidencial.
Una
vez en el poder, Chávez estableció un proceso político, económico y social de
corte socialista denominado como Revolución Bolivariana, que incluían la
nacionalización de industrias nacionales, programas sociales de acceso a
vivienda y alimentos, la creación de consejos comunales de participación democrática,
y un fortalecimiento de la política exterior. Los altos precios del petróleo,
el principal producto nacional y base de la economía, permitieron el ingreso de
grandes cantidades de dinero, y eso contribuyó a una reducción de los niveles
de pobreza en Venezuela.
Pero muchos de estos logros vinieron con un costo importante en materia de derechos humanos y libertades. Y si Chávez ya había dado pasos retumbantes de ruptura democrática, como con la promulgación del Decreto_1011 en el 2000, las denuncias de apoyo extraoficial a movimientos guerrilleros como las FARC y el ELN, los sucesos de Puente Laguno en 2002 y el cierre de RCTV en 2007, el gobierno de Nicolás Maduro, quien asumiría el liderazgo del chavismo a la muerte de Chávez en 2013, ha ido incrementado la brecha hasta convertirse, en el mejor de los casos, en una autocracia electoral cada vez más dictatorial, llegando a la represión violenta de varias protestas a lo largo de los años, la crisis institucional de 2017, acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de lesa humanidad, y la persecución y encarcelamiento de diferentes líderes opositores. Sin mencionar el incremento de la corrupción, la inseguridad y la violencia en las calles.
Para
colmo, la economía venezolana nunca fue diversificada por Chávez, y con la
caída en 2013 de los precios del petróleo, su principal activo, se redujo la
capacidad económica del gobierno, que empezó a endeudarse otra vez. Si bien es
cierto que a Venezuela le han tocado varias sanciones económicas, tanto la
contracción económica por la mencionada caída como las decisiones del gobierno,
como la impresión de papel moneda y el control de precios, contribuyeron a una
terrible escasez de alimentos y productos básicos, junto con la hiperinflación
del bolívar -llegando a 1,000,000% en 2018-, lo que ha provocado una migración
masiva de venezolanos que constituyen una crisis mundial de refugiados. Se
calcula que cerca de 7,7 millones de ciudadanos han abandonado el país desde
2014
Lo que deben tenerse en claro es que, tras años de una crisis económica extrema, las sanciones internacionales, una hiperinflación monstruosa de la que apenas están saliendo, y el incremento del yugo dictatorial de un régimen, es más que esperable que sean muchos los venezolanos que están cansados del chavismo, y se lanzaron a las urnas dispuestos a un cambio.
¿Qué ocurrió en las elecciones?
Las
elecciones habían estado bajo la lupa desde el día uno, sobre todo por las
medidas que se dedicó a tomar el chavismo para suprimir al máximo las
probabilidades de que la oposición pudiese ganar. Como señalaron Sabrina
Tortora, del canal Preguntas Incómodas, y Juan
Carlos Rincón, de La Pulla, se tomaron medidas absurdas
como un diseño confuso y ventajoso para Maduro del tarjetón electoral, realizó
cambios en los lineamientos para los testigos de mesa, un elemento importante
para verificar el proceso electoral, se trasladan las mesas de votación, se
presiona a la gente para votar, y se ha evitado abrir por mucho tiempo el
registro electoral para los ciudadanos del extranjero -no puedo imaginar por
qué, guiño, guiño-. Encima de todo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se
encargó de inhabilitar con tretas jurídicas a María Corina Machado,
la candidata original de la alianza opositora, y se pusieron trabas que
impidieron la inscripción de Corina Yoris, su primera opción de reemplazo. Y
Maduro incluso advirtió de ”un baño de sangre” si el oficialismo no llegaba a
ganar estas elecciones.
Otro problema fueron las trabas a los observadores internacionales. Como expone La Pulla, Maduro prohibió la presencia de un comité de observación de la Unión Europea, y en cambio permitió el ingreso de observadores afines al gobierno, con la única presencia independiente del Centro Carter. Así mismo, a través de los años se han expulsado al menos a diez cadenas internacionales, y mantienen vigilantes a los medios para que eviten entrevistar a los miembros de la oposición; y si han estado pendientes, un equipo de Televisión Nacional de Chile fue detenido y deportado hacia Cúcuta (Colombia) unos días después de las elecciones. Como dato curioso, el Centro Carter denunció que no pudo verificar los resultados presentados por el CNE, y concluyó en su informe que las elecciones en Venezuela ocurrieron por fuera de parámetros internacionales de integridad, por lo que no se pueden considerar democráticas.
La
principal fuente de inquietud con respecto a los resultados es que, a la fecha
de este texto, el CNE -con tres dirigentes siendo miembros del chavismo- no ha
publicado las actas de las mesas de votación, ni ha permitido que se acceda a
ellas. En Venezuela, el proceso de votación
es el siguiente: la persona entrega su documentación para que
verifiquen sus datos, y se le envía a la mesa donde está registrada. En ella,
una máquina muestra en la pantalla la lista de candidatos disponibles, y se
pulsa sobre el elegido. Al hacerlo, la máquina genera una papeleta que se
compara con el voto de la persona y se deposita en una urna, y a la vez envía
el registro de los votos a los centros de totalización en Caracas a través de
unas líneas telefónicas encriptadas -por lo que el argumento de hackeo que han
argumentado algunos es descartado por el Centro Carter-. Cuando la jornada
termina, cada máquina debe imprimir un acta de escrutinio con el total de votos
emitidos, con copias para los testigos electorales. Son estas actas las que
permiten contrastar la información emitida por el CNE, y los testigos
electorales pueden hacer solicitud de un acta, pero la organización no ha
realizado una auditoría ni de las actas ni de las telecomunicaciones que
permiten que las máquinas envíen los datos a Caracas.
Aunque
la oposición hizo un esfuerzo grande para enviar testigos electorales al 95% de
las mesas de votación, denunció trabas para poder acceder a las copias de las
actas. A pesar de ello, y de acuerdo con la información que han recopilado y
compartido en Internet, lograron acceder al 81% del total de actas de
escrutinio -dichas actas pueden verificarse por su número de serie y código QR,
ambos inalterables-. De acuerdo con la página de recursos que compartieron, y
que permite ver las actas por estado y mesa de votación, González superó de
modo aplastante a Maduro, con un 67% del total de votación, frente a un 30% del
oficialismo. Tales resultados son por supuesto muy diferentes a los presentados
por el CNE, y con la ausencia de evidencia concreta del triunfo de Maduro,
incrementa las denuncias de fraude electoral.
Ante los cuestionamientos a los resultados, el CNE ha publicado dos boletines en los que se mantiene sobre su base de que Maduro ganó. Por su parte, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, culpó en un inicio a los fallos en la publicación de los resultados a un “ciberataque” por parte de… Macedonia del Norte. Luego, Maduro echó la culpa de los retrasos a otro ciberataque, esta vez del dueño de Tesla y Twitter/X -y cabezahueca fascistoide- Elon Musk, a quien además retó en el transcurso de la semana a un combate. Mientras la indignación crecía, acudió al TSJ e interpuso un recurso para que la Sala Electoral haga el correspondiente peritaje sobre los comicios, sentenciando esta que, en tres días hábiles, el CNE debe presentar las actas de escrutinio.
Algunos
denunciaron que este recurso sólo era una estrategia para ganar tiempo ante la
presión nacional e internacional y agotar a la oposición, pues el problema de
fondo no deja de ser que el CNE no ha mostrado ninguna evidencia de los
resultados publicados. Y no hay que olvidar que los miembros del TSJ han
sido nombrados a dedo por parlamentos chavistas. Que el TSJ le ordene al CNE
publicar la evidencia de que el chavismo se reeligió es como una mala versión
de la intro en la serie original de Los Victorinos: cuando Maduro le
exija a Maduro que presente las actas con las que ganó Maduro, quién sabe qué
pasará. En síntesis, hay evidencia suficiente para afirmar que hubo un
descarado fraude electoral.
Lo cierto es que, tal
como señala en Twitter/X el periodista Eugenio G. Martínez,
especializado en procesos electorales -y quien ha hecho un trabajo fantástico
analizando estas elecciones-, a estas alturas ya no basta con que el CNE
publique las actas. Las irregularidades son demasiadas y muy obvias, y para
garantizar una auditoría segura de lo sucedido se requiere de la presencia de
expertos internacionales e independientes del régimen venezolano y sus áulicos y
amistades locales y transcontinentales. Las instituciones electorales
venezolanas no tienen ni la capacidad ni la transparencia para encargarse de
dicha tarea.
La represión del tirano
Ante
semejantes pantomimas, las
protestas no se han hecho esperar. Miles de venezolanos, sobre
todo en las regiones más pobres del país, usualmente bastiones electorales del
chavismo, han salido a las calles para manifestarse ante el mencionado fraude.
Se han dado cacerolazos, marchas, y al menos cinco estatuas
de Hugo Chávez, vistas ahora como la encarnación del régimen
opresor, han sido derribadas en medio del furor, aunque también se han visto
manifestaciones pacíficas en varios países donde hay comunidades de migrantes
venezolanos. Incluso algunos militares y policías se han rebelado o se han
negado a marchar contra la gente.
El gobierno no perdió tiempo tampoco en lanzar a la Guardia Nacional a reprimir las protestas, así como a los temibles colectivos, las fuerzas paramilitares chavistas, mientras se refieren a los manifestantes como “colombianos y drogadictos”, y acusando a la oposición de fraguar un golpe de Estado. Se calcula al menos una veintena de muertos, cientos de heridos y más de 2.000 detenidos -de los cuales cerca de un centenar son menores de edad- como resultado del choque entre las fuerzas públicas y los civiles. Se han encontrado escenas infames, como ver al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, increpando cínicamente a un grupo de detenidos que son rodeados por las fuerzas armadas por atreverse a protestar, o la señora que fue detenida por escribir “libertad” con harina en una calle, acusada de supuesta incitación al odio. También se denunció que hombres armados entraron a robar equipos y papeles en la sede de Machado, y que se están cancelando los pasaportes de activistas de derechos humanos.
El
fiscal Saab asegura que las detenciones masivas son
buenas para “depurar la sociedad”, en un lenguaje que recuerda a
los peores dictadores de la Segunda Guerra Mundial. Las declaraciones de Maduro
al respecto pintan un escenario no menos oscuro. En
una alocución el viernes 2 de agosto, aseguró que pronto tendría
listas dos cárceles en Aragua y Carabobo a las que planea trasladar a los
civiles detenidos para, en sus palabras, “ver
si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertirlas en
granjas productivas, que (los presos) lleguen a producir, que lleguen a
trabajar, como hacían en aquella época”
refiriéndose a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez de los años cincuenta,
admirada por el chavismo y denunciada por sus políticas de blanqueamiento
racial y la persecución y tortura de prisioneros. Está literalmente presumiendo
de implementar medidas de un régimen dictatorial en televisión. ¿Y debería considerarse
su supuesta reelección un triunfo democrático?
Un
aspecto incluso más terrorífico es que el régimen está alentando a una
persecución política muy seria, a denunciar no sólo a quienes se presenten a
las manifestaciones en su contra, sino también a quienes en redes sociales
hayan expresado comentarios en contra del régimen. Empezó con la habilitación
de un servicio especial en VenApp, una aplicación destinada a denuncias sobre
problemas en servicios públicos, a reportar a manifestantes por “terrorismo y
alteración del orden público”: tras múltiples denuncias, la
aplicación fue dada de baja en la Play Store. Por su parte, en
redes como Twitter/X y Telegram se ha denunciado la presencia de cuentas y
grupos de “cazaguarimberos” que buscan entregar información de personas
contrarias al régimen a las fuerzas públicas, y el gobierno ya amenaza con restringir
redes sociales como Whatsapp, Instagram y TikTok. Es
descorazonador, la verdad, notar que varios de mis mutuals venezolanos hayan
tenido que poner en privado sus cuentas para proteger su seguridad y la de sus
seres queridos.
Para colmo, organizaciones criminales como el Tren del Llano y el Tren de Aragua, entre otras, han publicado videos en donde exigen a Maduro “respetar la voluntad del pueblo” y que las fuerzas armadas se abstengan de atacar a la población. No es que estos grupos tengan la capacidad de poner a temblar al ejército, y sería el colmo considerárseles como salvadores del pueblo o algo parecido, pero el riesgo de que la situación escale hasta un conflicto armado por su intervención no puede descartarse.
La respuesta internacional
Las reacciones de las naciones y organismos internacionales han sido predecibles. Mientras que gobiernos aliados de Venezuela no perdieron tiempo en reconocer el “triunfo” de Maduro, como Rusia, China e Irán, los países opuestos o menos cercanos al régimen chavista señalaron las circunstancias irregulares en las que se dieron las votaciones y los resultados del CNE, y solicitaron que se muestre las actas de escrutinio para despejar dudas y respetar la voluntad del pueblo venezolano, sea cual sea. Uno de los primeros fue el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien ha sido enfático en que los resultados presentados son difíciles de creer, y no reconocerá ganador alguno mientras se mantenga la incertidumbre. Como respuesta, Venezuela expulsó a los embajadores de siete países latinoamericanos que han puesto en duda los resultados de la contienda electoral.
Las
reacciones que más han dado de que hablar han sido las de Brasil, Colombia y
México, quienes emitieron
un comunicado en conjunto en el cual solicitan que las
autoridades “avancen de forma expedita y den a conocer
públicamente los datos desglosados por mesa de votación”,
a la vez que piden a gobierno y manifestantes contenerse “con el fin de
evitar una escalada de episodios violentos”.
La misiva no cayó nada bien para cientos de venezolanos en redes sociales, que la encuentran insuficiente y demasiado neutral -considerando que el gobierno está persiguiendo y encerrando a manifestantes-, pero, sobre todo, porque las declaraciones por separado de los tres líderes tampoco inspiraron confianza en su severidad. Mientras que Petro (Colombia) cuando menos reconoció las “graves dudas que se establecen detrás del proceso electoral venezolano”, sin responsabilizar directamente al régimen, Lula (Brasil) dijo que “no hay nada anormal” en torno a las elecciones del 28 de julio, y López Obrador (México) fue casi desdeñoso con la solicitud de transparencia, al tiempo que aprovechó para hablar de las circunstancias similares que enfrentó en 2006, cuando perdió por un estrecho margen frente a Felipe Calderón en las presidenciales -hecho que, por cierto, también se discutió mucho en su época-. Y los tres gobiernos generaron aún más indignación cuando se ausentaron o abstuvieron de votar en una reunión de emergencia de la OEA para presionar a Venezuela con la publicación de la evidencia de los resultados electorales -vale señalar que el país vecino abandonó la organización en 2019-, en una aparente contradicción de su solicitud por la aclaración del escenario electoral.
El canciller
colombiano, Luis Gilberto Murillo, defendió la abstención del país señalando la
posición sesgada de la OEA hacia Venezuela, así como el trabajo conjunto que
están realizando los tres países para agotar todas las vías democráticas
posibles que permitan resolver el problema actual. Y es que desde hace meses,
naciones como Noruega, Estados Unidos, México y Colombia han
trabajado en conjunto en un marco que permita la estabilidad del clima político
en la nación vecina. Con el panorama actual, Petro, Lula y AMLO mantuvieron
conversaciones tanto con Maduro como entre ellos mismos, al parecer con
intención de sentar
en una mesa de diálogo a Maduro y González -según la fuente, con
la condición de que Machado no esté presente-, esperando en el mejor de los
casos una transición pacífica.
Puedo
comprender en parte la posición de Brasil y Colombia, al menos. Teniendo una
amplia frontera con Venezuela, estas naciones recibieron una porción importante
de la crisis migratoria del país vecino, y el cierre de frontera en el caso de
Colombia tuvo un serio impacto en la economía de la zona oriental por años. Y
por supuesto, el temor de un conflicto armado que reverbere en ambas naciones
se encuentra latente. En ese sentido, no es inusual que ambas naciones intenten
negociar con el gobierno venezolano para tratar de desescalar la crisis.
Por
otro lado, también conviene señalar las simpatías que han tenido muchos
políticos de la izquierda latinoamericana con la Revolución Bolivariana. Lula
tuvo alianzas con Chávez, y AMLO y Petro no han ocultado sus simpatías por el
difunto líder: de hecho, en su comunicado individual, este último instó a
Maduro a “recordar el espíritu de Chávez” y regresar la calma al pueblo
venezolano. Pero, ¿no fue Chávez quien optó por no renovar el contrato de un
medio de comunicación que lo criticaba? ¿No empezó él con las presiones para
restar poder e influencia a la oposición? ¿No se dio durante su mandato el Plan
Bolívar 2000, uno de los casos de corrupción más emblemáticos del chavismo? ¿No
transformó el aparato público de comunicaciones en una maquinaria de
propaganda? No nos equivoquemos: Maduro es también parte y legado del espíritu
de Chávez. Sin el uno, no existiría el otro. Es casi poético que sus otrora
aliados tengan ahora que encontrar la forma de que se escape del problema en
que se ha metido, porque pone en riesgo sus propios intereses políticos y de
gobierno.
¿Pero es acaso factible una transición como tal? Maduro tiene a las Fuerzas Armadas a su cargo, y por años ha incrementado el número de generales en sus filas, garantizándose así un importante apoyo de su parte. A no ser que alguno de los altos mandos le esté sugiriendo también que reconozca el triunfo de González para evitar que se recrudezcan la situación de orden público, o que el propio ejército tome el lado de los manifestantes, no parece que Maduro tenga incentivo alguno para abandonar el poder, por mucho que se converse en la mesa.
No
han sido pocos los que proponen una intervención militar de Estados Unidos para
derrocar al régimen, escenario ni probable -se encuentran en una tensa carrera
electoral- ni deseable. Al margen del argumento trillado del intervencionismo
imperial yanqui -y no es que lo que ha hecho Rusia en Venezuela no sea también
imperialismo-, la nación del norte no ha tenido el mejor registro en años
recientes en cuanto a intervención en conflictos. Irak pasó por una cruenta
guerra civil antes de reorganizarse después de la invasión gringa; Libia
permanece en inestabilidad política y conflicto, con un grave problema de trata
de personas, desde la caída del régimen de Gadafi; y los talibanes reinstalaron
su emirato en Afganistán en cuanto Estados Unidos dejó la nación. Tampoco están
en condiciones de hacerlo, en medio de una importante contienda electoral donde
una de las partes es un proyecto bastante autoritario también. Entiendo la
inquietud y la rabia ante el silencio que la comunidad internacional ha
mantenido en años recientes acerca del régimen de Maduro, pero la idea de una
intervención puede ser tanto efectiva como desastrosa a largo plazo.
La predecible cobardía
Finalmente,
las reacciones de las personas en redes sociales ante la situación en Venezuela
han sido tanto variadas como pintorescas o molestas. De entrada, los que me
resultan casi cómicos son los políticos de derecha como el presidente Milei o
el Centro Democrático en Colombia, quienes han sido muy prestos a presentarse
como defensores del pueblo venezolano, a
veces compartiendo desinformación de modo lamentable. Por
supuesto, también aprovechan para incentivar el temor de que gobiernos de
izquierda como Colombia o España son dictaduras, o que debemos sacarlos del
poder para evitar una dictadura, en su clásica táctica de buitres que
aprovechan la miseria de otras naciones para hacer réditos políticos en las
suyas. Es curioso, en el caso colombiano al menos, cómo estos mismos políticos
desestimaron las protestas de 2021 e incluso validaban
los abusos de la fuerza pública, cuando era el (sub)presidente
Duque quien se sentaba en la Casa de Nariño, y aún pretenden que no hubo miles
de ejecuciones extrajudiciales de civiles durante la era Uribe.
Menos graciosa es la respuesta desdeñosa y xenofóbica de otros, quienes lamentan que los migrantes venezolanos posiblemente sigan en sus países de asilo con la situación actual, o que se manifiesten en ellos cuando no fueron capaces de luchar en su propia tierra por derribar el régimen. Es muy fácil decirle al otro que marche de regreso a una nación en la que se enfrentaban altos índices de pobreza extrema, donde muchas personas ni siquiera tenían acceso a las tres comidas básicas. Y es muy cómodo pedirle que arriesgue el pellejo en un país donde pueden torturarte, asesinarte o desaparecerte con impunidad.
Por otro lado, fascistoides no han faltado en la contienda. Cuentas de propaganda radical como Eduardo Menoni, o de contenido constantemente discriminatorio como Carnaval Tercermundista, que básicamente quieren un cambio de régimen sin cambiar mucho más del régimen. Menoni incluso llegó a añorar la existencia de un militar como Augusto Pinochet para que se encargue de Maduro, como si ignorara -o más bien no le importa- las numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura chilena. No son simplemente estúpidos: son activamente ruines y revanchistas.
Los más desesperantes son los tankies, los que se proclaman marxistas a rabiar y quieren convencer a los propios venezolanos que su país anda de maravilla, y que están siendo manipulados por la propaganda yanqui y la extrema derecha para atacar al noble gobierno de Maduro. Se han encargado de limpiar la imagen del dictador no sólo durante la campaña -como el lamentable caso de Diego Ruzzarin y el podcast con Maduro-, sino desde que asumió el poder. Cualquier intento de explicación de los abusos y crímenes les tiene sin cuidado o “con la derecha sería peor”. Algunos incluso llegan a poner en duda los testimonios de las personas que hablan desde el interior de Venezuela con argumentos estúpidos, como que se ven demasiado rubios para ser venezolanos, o que ¡dominan muy bien el inglés!
Y es que, si bien he visto muchas personas de izquierda que reconocemos y repudiamos el autoritarismo del régimen venezolano, nuevamente un gran sector de la izquierda mundial ha brillado por su cobardía y su negación. Desconocen el clamor de los venezolanos, se mantienen en que toda la crisis del vecino país es culpa de las sanciones de Estados Unidos, y están muy convencidos de que el proceso electoral fue limpio y representativo. Están más preocupados de defender sus posturas ideológicas que de dar un vistazo honesto a lo que realmente está pasando en Venezuela. Ni siquiera parecen entender que con un régimen que, entre otras cosas, desconoce los derechos LGBT+, penaliza el aborto en casi todos los casos, ha masacrado a miembros de comunidades indígenas, y ha promovido un fuerte deterioro ambiental en el Arco Minero del Orinoco y el Lago de Maracaibo, el chavismo está lejos de ser el paraíso progresista que muchos de ellos creen.
Porque el problema va más allá de izquierdas y derechas: es de derechos humanos contra autoritarismo. Es más, estoy seguro que muchos de los votantes por González no lo hacen porque crean en su programa o por convicción en las ideas de Machado, sino porque es el escenario que ven como el mejor o -como pasa con muchísima más frecuencia en las elecciones de nuestra región- el menos desastroso. Como dijo la youtuber Danna Alquati en Instagram, no se trata de apoyar o no a María Corina, sino de empezar a destrabar la garra del omnímodo poder chavista de las instituciones públicas, de recuperar poco a poco el espíritu democrático. Y a los ojos de millones de personas dentro y fuera de Venezuela, las elecciones son la única forma de lograrlo.
Conclusiones
El pasado lunes 5
de agosto, y al término de los tres días hábiles decretados por el TSJ,
González y Machado emitieron un comunicado en el que el
primero se proclama como presidente electo de Venezuela, al
tiempo que insta al ejército y la policía a actuar de acuerdo con la
Constitución y ponerse del lado del pueblo. Por su parte, la Fiscalía decretó
una investigación a ambos líderes políticos, acusándolos de incitación a la
insurrección y conspiración.
Por
ahora, la incertidumbre se mantiene. En el momento que escribo estas palabras
-agosto 6-, Estados Unidos se
sumó a la petición de un diálogo de transición pacífica entre
las partes, el CNE entregó las
actas al TSJ en medio de dudas sobre la legitimidad de
ambos organismos -y el proceso de revisión durará unos 15 días- y sin haber
auditado las telecomunicaciones ni publicar las actas para acceso público, y
Maduro pide
a los ciudadanos que elimine WhatsApp de sus celulares, bajo el
argumento de ser usada por “grupos fascistas” para difundir desinformación.
Mientras tanto, Machado pide
a los manifestantes una “pausa operativa” para organizarse y
tomar nuevos pasos ante las circunstancias, pero sin dejar de estar activos en
la lucha.
Si
tengo que dejarles un mensaje a los venezolanos, sería uno simple pero
necesario: no se rindan. El régimen le está apostando a que abandonen, a
que el miedo, las amenazas y las necesidades del diario vivir los lleven a
desistir. Pero se debe mantener la lucha, no sólo en las calles, sino en las
labores, en las redes sociales. Mantenerse observadores del proceso electoral,
compartir la información de los abusos, apoyarse entre los miembros de la
comunidad, todo eso es fundamental en el proceso democrático, incluso en
circunstancias tan aciagas.
Quienes
estamos afuera, venezolanos o no, tenemos también el trabajo de difundir sus
testimonios, hacer seguimiento del proceso, denunciar los crímenes del régimen
de Maduro, y presionar por una salida democrática. Nuevamente, esto requiere ir
más allá de revanchismos o posturas políticas: es abogar por el final de los
abusos, de la corrupción y los crímenes de un régimen que ha estado demasiado
tiempo cómodo en el poder.
Un saludo, y mucha fuerza para todos en Venezuela. Tarde o temprano, los tiranos deben caer.
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