Viviendo el paro armado en Santa Marta

 

La semana pasada, la ciudad en la que vivo acabó afectada por el conflicto armado que atraviesa el país desde hace décadas, ese que algunos políticos aseguran que no existe. Fue una situación desagradable, tensa, y que generó bastantes molestias, tanto por la respuesta desdeñosa y bravucona de nuestros gobernantes como por la zalamería descarada de los medios. Y ya que esta situación nos afectó a mí y a mi familia directamente, quiero hablar con detalle de lo sucedido.

Los operativos del Ejército en contra de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en el Caribe dieron lugar hace poco a la muerte de alias “Cholo”, segundo líder de la organización paramilitar. En respuesta, el grupo anunció, el pasado lunes 21 de agosto, que decretaban un paro armado de 48 horas a partir de las 7:00 AM del martes en Santa Marta, el cual posteriormente sería extendido hasta 72, junto a un toque de queda en horas de la noche. Cualquier negocio que abriese durante el paro se exponía a represalias.

La verdad es que el martes en la mañana, yo apenas estaba enterado de qué tanto iba a acatar la ciudad el paro armado, pero sí me sorprendió que las calles estuviesen prácticamente desiertas, con todo cerrado, y que el bus que debo tomar para ir al trabajo, y que suele tardar entre cinco y quince minutos para pasar, fuese la única ruta que pasó por ahí. En el trabajo transcurría todo aparentemente normal, pero pronto nos llegaron noticias de que le habían disparado a algunos negocios en la ciudad por atreverse a abrir. De hecho, mi papá me llamó hacia el mediodía para contarme que uno de los sitios atacados fue precisamente una cacharrería cerca de nuestra casa.

En vista de la situación de seguridad, y la dificultad con el transporte, en el trabajo nos anunciaron que debíamos salir a las tres de la tarde. Nos tocó repartirnos entre aquellos que tenían carro o moto, porque ni mototaxis se veían por la calle. De camino hasta la casa, vi en un espacio dentro del barrio a algunas personas jugando dominó frente a su puerta, pero fuera de eso el sector estaba inusualmente silencioso. Terminando la tarde, nos llegó un mensaje de dirección: teníamos que trabajar desde casa al día siguiente, lo cual, para mí, que todo mi trabajo es de laboratorio, era prácticamente no poder adelantar nada.

Al final, tuvimos que trabajar remoto miércoles y jueves, porque la situación se mantuvo. A pesar del ruido de los helicópteros y aviones Kfir que sobrevolaban con frecuencia sobre la ciudad -ya llegaremos a eso-, la realidad es que nadie se sentía completamente seguro. Yo ya he vivido una mala experiencia por un paro armado, como conté hace unos años en este mismo blog, pero esto fue diferente, pues fue un paro armado a toda una ciudad, algo que nunca había pasado a esa escala en Santa Marta. El problema no es simplemente quedarte en casa: es la incertidumbre, la zozobra de tener que estar encerrado porque podrían pegarte un tiro o peor, llevarte con ellos si ponías un pie en la calle. Hubo varias denuncias desde sectores de la ciudad de que había hombres armados intimidando jóvenes para reclutarlos a la fuerza, y escuché también de alguna muchacha que desapareció -lo que, en una región donde Hernán Giraldo sembró un terror muy específico entre las mujeres, hiela la sangre al enterarse-, pero hasta ahora no sé qué se ha confirmado al respecto, o si se adelantan investigaciones.

A todo esto, se sumó el problema de que, siendo fin de mes, muchas personas tenían poca comida en casa, y dependen de comprar o fiar en las tiendas, las cuales estaban cerradas. La presencia militar permitió que algunos supermercados de cadena, como D1 y Ara, permaneciesen atendiendo, así como Makro y el mercado público, pero muchos pronto fueron vaciados, varios productos estaban carísimos, y en el mercado las pocas verduras que se conseguían no estaban frescas. No fue sino hasta el jueves en la mañana que una que otra tienda en el barrio, a cuenta y riesgo propios, entreabrió para despachar por ventana unas pocas cosas, por lo que tenías que comprar poco y de rapidez, y conformarte además con lo que hubiese disponible.

Fue ese día que, lentamente, las cosas empezaron a normalizarse. Por la mañana, las ACSN sacaron otro comunicado en el cual decretaron un levantamiento progresivo del paro desde las tres de la tarde, pero en todo caso fueron pocas las tiendas que abrieron, y por poco tiempo. Además, la Universidad del Magdalena, que tuvo que pasar también a trabajar clases en remoto por la escasez de estudiantes y docentes asistiendo, siguió prácticamente desierta. De nuestra parte, regresamos el viernes al horario habitual, sin más incidentes por fortuna.

No diría que mi experiencia fue algo especial en particular. A muchas personas les tocó un escenario más difícil, viviendo cerca de las zonas más controladas por la presencia paramilitar, o sectores que de plano fueron cerrados al transporte público el martes. Desde Once de Noviembre hasta Timayuí era prácticamente inaccesible, y en sectores rurales hubo choques con el Ejército. Mi interés es tener una base desde mi experiencia, y las experiencias que conocí por otras personas, para analizar la respuesta institucional y mediática al paro armado, pues hay mucho que comentar, y bastante más por criticar.

Empecemos por el hecho de que los gobernantes locales fueron esquivos y desdeñosos. Mientras que durante la noche del martes ni siquiera estábamos seguros de que el alcalde, Carlos Pinedo Cuello, estuviese presente en Santa Marta, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, invitó el mismo martes a los samarios a que se mantuviesen trabajando y desplazando en normalidad, negando la existencia de un paro armado y asegurando que si se cerraban los locales “porque llegan dos pelagatos en moto y disparan”, entonces le dábamos legitimidad a las ACSN. Buena labia para quien no tiene que exponer su pellejo y tampoco ofrece seguridad real en las calles de la ciudad.

Por su parte, el presidente Abelardo, siempre dispuesto a hacer espectáculo de guerra, llegó la noche del martes a asegurar la militarización de la ciudad, caminando de noche en Santa Marta con chaleco y rodeado de soldados. Por los reportes que vi en redes y posteriores conversaciones con gente que salió un poco más durante el paro, dicha militarización estuvo concentrada principalmente alrededor de zonas importantes como El Rodadero, o los supermercados de cadena, lo que por supuesto se agradece, pero está lejos de una militarización a gran escala como sugería el anuncio. También se activó el vuelo de dos aviones de combate Kfir, cuyo vuelo y el de los helicópteros se escuchó con bastante frecuencia durante el miércoles y el jueves, algo que para algunos generó más inquietud que tranquilidad. Incluso risas entre algunos: después de todo, no es como si los Kfir/Ley/Éxito pudiesen controlar el crimen urbano, a no ser que su propuesta sea bombardear algún barrio, y los combates en la sierra con esta maquinaria militar pueden dan lugar a imprecisiones letales.

Irónicamente, tales exhibiciones de supuesta fuerza sólo alimentaron la sensación de que el Estado, y en estos momentos Abelardo, no tiene realmente un control del territorio en la Región Caribe. Algunos apologistas del presidente ultraderechista quisieron disculpar lo ocurrido señalando el hecho de que la Sierra Nevada de Santa Marta lleva más de cincuenta años bajo el dominio de distintas fuerzas criminales y paramilitares, y por lo tanto es una problemática que va más allá de su actual gobierno. Y eso es verdad, pero cabe señalar que: 1) ese tipo de argumentos no se han tolerado en gobiernos anteriores, así que no veo por qué debería ser diferente ahora; y 2) fue Abelardo quien, en campaña, prometió exterminar a los jefes de los grupos armados en cien días. Estamos cerca de ese período de gracia, y la verdad no lo veo con muchos éxitos al respecto.

Los gobernantes locales tampoco salieron muy bien parados con sus partes de tranquilidad. Mientras que Pinedo -heredero, por cierto, de un clan político con un largo historial de denuncias sobre relaciones con grupos al margen de la ley- fue abucheado al visitar el barrio María Eugenia, la gobernadora Guerra fue al mercado público y, como era de esperarse, se encontró con pocos vendedores dispuestos a salir, y aún menos dispuestos a aceptar sus llamados a la normalidad. Parafraseando los comentarios que vi por parte de uno de ellos, “ella llega pa’ la foto, y luego se va, y aquí quedamos nosotros. ¿Quién nos va a proteger?”.

Por otro lado, hubo medios periodísticos, como el hebdomadario que dice llamarse Semana, que destacaron las acciones del presifrente Copetrán mientras minimizaban lo que estaba ocurriendo en Santa Marta. Casos lamentables fueron el de Canal Caracol, que reportó la quema de una mula usando un video que no correspondía, y cuando rectificaron dieron a entender que no hubo disturbios en la ciudad; o el de La FM, uno especialmente irritante cuando en una publicación de Twitter dieron a entender que sólo “un minúsculo sector de la ciudad” se había negado a abrir sus negocios. Hubo un punto en que de verdad perdí la paciencia, porque era desconcertante lo miserables que podían llegar a ser al reportar un asunto tan serio como un paro armado, como si fuese una simple pelea de barrio.

Y aunque quisiese ponerme más burlón con la falta de autoridad que han desprendido nuestras figuras de autoridad, hay un detalle que enturbia aún más la contraofensiva del Estado contra las ACSN. Hubo un rumor de que durante el operativo que generó la respuesta del paro armado había caído un hijo de alias “Pinocho”, el comandante de la organización paramilitar. Al Ministerio de Defensa no sólo le tocó salir a desmentir la noticia, sino que además resultó que el “caído en combate” fue en realidad un joven de 18 años que trabajaba como obrero en una finca, sin ningún vínculo con las ACSN, y al que además, según denuncias, lo habrían matado a sangre fría.

A este caso, que hace renacer entre la población colombiana el terror de las ejecuciones extrajudiciales de civiles, mal llamadas “falsos positivos”, se le suma una denuncia de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena (Meta), según la cual un campesino desarmado fue asesinado por el Ejército durante un operativo militar, así como las dudas generadas sobre el operativo en el que cayó “Bendito Menor”, otro líder de las ACSN. Abelardo no sólo está mostrando el choque de sus propuestas militaristas y radicales con la realidad de un conflicto armado antiguo y complejo, sino también las costuras y consecuencias de una ofensiva militar sin preocupación por lineamientos éticos y legales.

Y por supuesto, debe recordarse que, si el problema con los criminales en la región Caribe ha perdurado por tantas décadas, es porque los gobiernos locales simplemente han abandonado a los territorios periféricos, dejándolos en poder de mafiosos, narcotraficantes y paramilitares, siempre que su presencia dentro del casco urbano sea mínima más allá de sobornos y extorsiones. Tal como explicó el profesor Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, en entrevista a El Espectador, la ausencia del Estado en estos territorios ha permitido una fuerte inserción de las fuerzas paramilitares, no sólo porque garantizan seguridad y una base económica a través su red de extorsión retributiva, sino también porque muchos de sus integrantes provienen de estas mismas áreas rurales y periféricas, por lo que a menudo comparten vínculos familiares y emocionales con los habitantes. Esto incrementa la efectividad del despliegue de las ACSN en la zona, dificulta también la colaboración de los ciudadanos con las pocas autoridades que intervienen, y también incentiva a estas últimas a operativos estigmatizantes que pueden dar lugar a violaciones de los derechos humanos.

Por lo mismo, llegamos aquí a la conversación más complicada sobre el caso de paro armado y el enfoque del actual gobierno sobre combatir a las fuerzas insurgentes: esto no se resuelve simplemente repartiendo bala. Por muchos subjefes de la ACSN que se eliminen para presionar a alias “Pinocho”, por muchas disidencias y tropas del ELN que se capturen, no se podrá cambiar de fondo la realidad del conflicto armado mientras no se resuelvan los problemas estructurales a nivel económico y de derechos humanos en las regiones abandonadas por el Estado, el verdadero germen de la violencia. Si no se ofrecen mejores condiciones para la población, si no existe un acceso verdadero a servicios y recursos iguales al resto de los ciudadanos, siempre habrá personas dispuestas a tomar las armas de los caídos y capturados, sea por presión de la insurgencia o ante la perspectiva de que no hay otra opción de vida.

Esto no es quitar responsabilidad a los combatientes de las guerrillas y los paramilitares. Muchos toman las armas por convicción antes que por miedo, y siguen siendo responsables de varios delitos. La cuestión es comprender las razones de fondo detrás de estas decisiones, las circunstancias socioeconómicas que empujan a ello, y buscar corregir tales circunstancias con una mayor presencia y acción institucional. No se deben dejar de lado los operativos contra las fuerzas insurgentes, pero no podemos seguir atascados únicamente en el mismo modelo militar de tantas décadas que hasta ahora no ha podido frenar la expansión de estos grupos.

Esperemos que, en el futuro cercano, no tengamos que volver a pasar por algo así. Y si el actual gobierno quiere el respaldo de toda la nación, tendrá que enfocarse menos en los triunfos mediáticos con sangre y bolsas de cadáveres, y trabajar a fondo en restaurar su presencia en las regiones abandonadas por décadas, que no son precisamente pocas. Eso sería un verdadero “milagro” para esa patria de la que tanto le gusta hablar al nuevo ocupante de la Casa del Nariño.