El matrimonio LGBTI y el error de Gaitán

El siete de abril, los progresistas regresamos a casa con una gran noticia: la Corte Constitucional determinó, en una votación de seis a tres, que los jueces y notarios en Colombia no pueden negarse a efectuar matrimonios entre parejas del mismo sexo. En otras palabras, las parejas homosexuales pueden casarse. Se trata de una sentencia que confirma lo que técnicamente se sabía desde el 2011, cuando la Corte decidió que las parejas del mismo sexo debían ser consideradas familia, y le dio un plazo de dos años al Congreso de formular regulaciones para permitir una figura como la del matrimonio para esta comunidad, y que si no se había concretado nada, las parejas homosexuales tenían derecho a ser casados por un notario o juez. Si bien ha sido un largo recorrido, aún falta mucho por hacer en materia de educación y aceptación.

Uno de los baches recientes en materia de derechos de la comunidad LGBTI es la intención de la senadora Vivian Morales de que se realice un referendo para tumbar la adopción homoparental. Con ese propósito alega que los nueve miembros de la Corte Constitucional no pueden decidir por el legislativo, y recolectó dos millones de firmas de colombianos para impulsar la propuesta del referendo. Uno se pregunta por qué esas mismas energías no se utilizan para, por ejemplo, pedir la salida de diversos personajes de la política por corrupción, o cuestionar los abusos y el exceso de poder de la Iglesia Católica. Y lo peor de todo esto es que lo cubren bajo la etiqueta de “democracia”.

Traigo a colación este tema de la democracia recordando que ayer fue el aniversario del asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán y la subsecuente ola de violencia conocida como el Bogotazo. Traigo a colación este aniversario porque de un momento a otro, la actual situación y la opinión pública, donde el 62% de la población está en contra del matrimonio gay y el 72% la adopción homoparental, me hizo recordar esa frase suya elegantemente resaltada en el billete de mil pesos: “El pueblo es superior a sus dirigentes”. Y debo decir que, por mucho que alguien respete el legado de Gaitán, la realidad es que estaba equivocado: es muy raro que de hecho ocurra así. A la mayoría se le puede engañar, y la mayoría suele equivocarse. Mucho.

Ya conocemos los argumentos de sobra para oponerse a la igualdad de derechos para la comunidad LGBTI: religiosos, “naturales”, supuestamente jurídicos. No puedo agregar aquí nada que no haya dicho antes, así que simplemente lo resumiré en que, dado que los preceptos de una religión no son seguidos por todos en el país, no se puede obligar a que se legisle en torno a dichos preceptos. En eso consiste la laicidad del Estado colombiano, y para definirlo bien me quedo con la intervención de la congresista Angélica Lozano, a propósito de unas recientes declaraciones del “progresista” papa Francisco sobre el matrimonio homosexual: “El papa puede decir lo que a bien tenga, respetamos profundamente a la iglesia católica y a todas las iglesias, pero esta es una discusión de derechos civiles, no de salmos, en ese sentido ellos pueden dar todo el debate que quieran pero en Colombia nos rige la constitución del 91”.

Como dijera el agente K en Hombres de negro, una persona es inteligente; la gente es tonta y temerosa. Aunque hay muchas personas lo bastante capacitadas y conocedoras, lo cierto es que la mayoría de la gente en Colombia es ignorante de muchos temas, y los derechos humanos son ciertamente uno de esos temas. Siglos de puritanismo y adoctrinamiento religioso han hecho que las personas no comprendan que la igualdad de derechos está por encima del sentimiento religioso, puesto que no requieren de él para existir. No hay suficiente educación para que se comprenda que conceptos legales como matrimonio y familia no son inmutables. No hay suficiente educación para que se comprenda que la homosexualidad no es un comportamiento antinatural. No hay ni siquiera una educación sexual adecuada, porque somos tan mojigatos que no comprendemos qué significa la educación sexual. ¿Y es a esta masa votante a la que pretendemos darle el derecho a elegir si una minoría debe gozar de los mismos derechos del resto de la humanidad?

También está ese error de creer que la democracia consiste simplemente en la libertad o no de votar. Es una idea sumamente estúpida, y llega a ser peligrosa, porque fomenta la idea equivocada de que la mayoría siempre toma buenas decisiones, o que estas deben respetarse. No obstante, la democracia es mucho más que el poder del voto. La igualdad de derechos es fundamental en una democracia sana, y mientras la mayoría pida que una minoría de ciudadanos deba permanecer como ciudadanos de segunda clase, entonces es claro que dicha mayoría está siendo tiránica y opresora, y por lo tanto dicho país no es realmente democrático. Evidentemente, esto es imposible de comprender para una pésima legisladora como Vivian Morales y para los millones de colombianos que le entregaron su firma, y quienes en teoría son mucho menos conocedores de los conceptos de igualdad, democracia y respeto. Permitir que esto pase a través de un referendo que se sabe causará la pérdida de igualdad de garantía y derechos sería sumamente antidemocrático. Y es por esto que, personalmente, siempre he sido muy escéptico de la cita de Gaitán.

Por otro lado, a nadie se le está obligando a casarse con una persona de su mismo sexo. Entiendan, por enésima vez, que a diferencia del pensamiento conservador de muchos, quienes queremos igualdad para la comunidad LGBTI no tenemos la intención de obligarlos a nada, ni siquiera a que le gusten los homosexuales. Sólo con que se guarde sus opiniones religiosas al respecto para usted mismo, y comprenda de una vez que ellos tienen derecho a las mismas garantías que usted. Además, ¡no están haciendo daño a nadie! No es como con discusiones como el aborto o las drogas, donde es tan complicado definir cuándo se hace daño a un tercero, o si es válido dejar que una persona se destruya a sí misma, ¡pero los matrimonios homosexuales no le hacen daños a terceros! Y mientras se den entre personas maduras que dan su consentimiento, no hay una razón real para prohibirlo.

Se podría decir que la decisión de otorgar o no derecho de matrimonio a los homosexuales era responsabilidad del Congreso, y no de la Corte Constitucional. No obstante, como ya dije al principio de esta entrada, la Corte ya le había dado un plazo de dos años al Congreso para que tomara una decisión al respecto ante su sentencia, y nunca se molestaron en intentarlo siquiera. Ante esa poca disposición de la rama legislativa a analizar los derechos fundamentales de la comunidad LGBTI -nada sorprendente, cuando un pueblo ignorante es quien elige representantes ignorantes-, la Corte Constitucional está plenamente facultada para tomar una decisión que permita garantizar igualdad de condiciones a una minoría históricamente oprimida en el país.

Como siempre, espero que aquellos en desacuerdo con lo expuesto aquí se tomen un momento para reflexionar. No es necesario que la garantía de matrimonio entre parejas del mismo sexo culmine en un fracaso; cuando Estados Unidos lo permitió, apenas cerca de un 20% de la población estuvo de acuerdo, y hoy en día superan el 60%. Es un largo camino, y seguramente con varios tropiezos a superar, pero debemos trabajar para que la gente comprenda que lo principal son los derechos humanos, no los escrúpulos religiosos o personales. Quizás, en ese entonces, Gaitán habrá tenido al fin razón.